martes, octubre 04, 2016

Diálogos con la justicia

El escenario del postdesacuerdo

Por
Rafael Rincón P.*

Hoy llevaríamos 48 horas sin la guerrilla de las Farc, seguramente con la oposición del CD por cualquier razón; pero habría una parte de Colombia llena de esperanza y no todo el país sumido en la incertidumbre. Estaríamos discutiendo para corregir los acuerdos pero ya llevaríamos parte de la tarea hecha.

Optamos por el enredo político. Guiados por dos expresidentes que quieren quedar en la foto, uno de ellos cargado de odio y venganza; por algunos líderes espirituales que consideran que con el Sí llegará el reinado del ateísmo y de la homosexualidad; por medios de comunicación que consideran que los del Sí lo que queremos es otra Venezuela y por la intolerancia política que quiere prolongar un frente nacional sin comunistas que ellos llaman castrochavistas.

No se ve una solución política al postdesacuerdo; las grandes diferencias no están entre el Estado y la guerrilla pues ya hubo un acuerdo suscrito en Cartagena al frente de toda la comunidad internacional, están entre la clase política que no depone sus mezquinos intereses e incapaz de poner al campesino y a las víctimas en el centro de la negociación.

A lo mejor la solución esté en Suecia, que tal si la Academia nórdica, en un acto de hipocresía, o de guerra fría, le da el Nobel de Paz a los presidentes recientes que más han aportado a la búsqueda de la paz. Sería un paso importante para salir de la incertidumbre estable y duradera en que quedamos sumidos.

* Abogado y docente universitario

Medellín, 4 de octubre de 2016

lunes, febrero 01, 2016

Diálogos con la justicia

Un Estado Social de Derecho en serio
Por
Rafael Rincón P.*

En Colombia no hay desabastecimiento en los almacenes de superficie como en Venezuela, pero el día de ayer (Enero 31/2016) murió una niña Wayú de desnutrición, en el municipio de Uribia, Guajira. Como ella, son 4.770 niños y niñas Wayú las que han fallecido por inanición en Colombia en los últimos ocho años.

La situación ha sido tan delicada que la Defensoría del Pueblo produjo un informe sobre la grave crisis humanitaria en la Guajira en donde destaca la desnutrición de cerca de 34.000 niños.[1]

A la niña Wayú no la salvó haber nacido en un país con un Estado declarado como social de derecho, en donde se proclama a los cuatro vientos que los derechos de los niños son todos fundamentales y prevalentes y que ellos se encuentran en estado de debilidad manifiesta, indefensión y alta vulnerabilidad, amén de hacer parte de una comunidad indígena.[2]

Tampoco salvó a la niña Wayú la reciente Declaración de Davos, Suiza, en donde los gremios más pudientes del planeta se dan golpes de pecho bajo la nieve alpina y se comprometen a humanizar el capital y las utilidades.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos, organismo de la OEA, el pasado 11 de diciembre de 2015, instó a las autoridades colombianas, mediante una resolución en donde decreta unas medidas cautelares, a proteger la vida de los niños Wayú debido al estado de desprotección institucional y a la falta de acceso al agua potable. La situación fue calificada como grave y urgente por el ente comunitario de derechos humanos.[3]

A pesar del llamado internacional lo que encontramos en las autoridades son evasivas y estériles peleas tuiteras y judiciales de la entidad responsable de proteger la infancia y la familia en Colombia: El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Sobre la omisión institucional y sobre la conducta de los servidores públicos difícilmente caerá el peso de la ley o el control de la Procuraduría General de la Nación.

Colombia debe dar el paso cualitativo de declarar los derechos a hacerlos realidad, por lo menos los de la infancia.

El poder ejecutivo no está instituido para denunciar las violaciones de los derechos humanos está para hacerlos efectivos. La Administración pública, a veces, parece una ong de derechos humanos denunciando, como si su rol no fuera el de producir y generar las condiciones para garantizar el mínimo vital de todas las personas.

Un Estado Social de Derecho en serio significa un Estado garante de los derechos, un Estado que supera las declaraciones retóricas y pasa a generar vínculos y responsabilidades en todos sus servidores públicos; un Estado serio es un Estado que hace realidad el canon constitucional de que las autoridades están instituidas para proteger a todas las personas y para asegurar el cumplimiento de los deberes del Estado y de los particulares.

Al pie de esta noticia siniestra es indignante percibir como hoy, por un lado, en no pocos restaurantes,  se garantiza el acceso y el agua fresca y potable a las mascotas, y por el otro lado, ese mismo Estado y esa misma sociedad ven morir de sed y desnutrición a las niñas ancestrales y nativas de la etnia Wayú.

Medellín, 1 de febrero de 2016

* Abogado y docente universitario.



[2] Sentencia T-262-2012 de la Corte Constitucional.
[3] Resolución nro. 60 de 2015 de la CIDH. http://www.oas.org/es/cidh/decisiones/pdf/2015/MC51-15-Es.pdf

jueves, enero 28, 2016

Fila de humillados
Por
Rafael Rincón P.[1]

Acceder a la justicia para pretender el amparo de un derecho fundamental se convirtió en una fila de humillados. En Medellín, es necesario estar a las cuatro de la mañana en las puertas del Edificio José Felix de Restrepo (Palacio de Justicia en La Alpujarra) para poder radicar una acción de tutela que busca la protección judicial de un derecho inherente a cada persona.

En esta fila florecen hoy las ventas de puestos, la narrativa del dolor, los desmayos, los aprovechados, la corrupción, la indiferencia ciudadana, política y judicial, en fin en ella se conjugan todos los insumos necesarios para no creer en la ley ni en la justicia. La fila de ocho horas que cada ciudadano hace para presentar una tutela es un curso de inmersión en el escepticismo estatal.

En la fila de los humillados muchos no tienen para comprar una bolsa de agua y menos para pagar las fotocopias que les exige la administración de justicia. Es una fila de personas que buscan que se restablezca su derecho a la dignidad humana, pero, contradictoriamente, para lograrlo deben humillarse a los ojos de los jueces, fiscales y abogados. Hacer la fila de la tutela implica bajar la altivez y herir el amor propio.

Lo que la insolidaridad ignora es que, parodiando un viejo eslogan comercial de la ciudad, la fila de la tutela será una fila que tarde o temprano todo ciudadano tendrá que hacer.

Quien llega al “Palacio de Justicia”, ya ha transitado previamente por la Defensoría, la Personería o la oficina de un abogado amigo, quienes le redactan la petición con la que buscan se tutele un derecho vulnerado.

Este siniestro peregrinaje administrativo-judicial doblega a un grueso número de ciudadanos que seguramente mueren en las salas de espera de las IPS. Los sobrevivientes, si superan este nivel, podrán esperar un fallo judicial que puede ser favorable o desfavorable y que para acabar de ajustar no intimida, ni vincula realmente al ofensor, es decir, no se cumplirá en muchos casos y llevará al sobreviviente  a otro nivel, como en un juego de play station, llamado desacato a una decisión judicial.

Cualquiera diría que se acerca el final, pero todavía sigue la romería, pues declarado el desacato, es posible que el funcionario vaya arrestado un breve tiempo y eso no resolverá el problema y en muchos casos lo que hará es agravarlo.

Al final, la persona muere o por arte de birlibirloque, o por cansancio administrativo consigue el tan anhelado amparo constitucional.

¿Y los responsables? El Artículo segundo de la Constitución dice que las autoridades están instituidas para garantizar los derechos de todas las personas; pero cuando se les reclama llega el festival de la evasión.

Pregunto: ¿Y es que el Consejo Seccional de la Judicatura no puede organizar mejor la atención, que debe ser prevalente, a quienes buscan proteger sus derechos fundamentales?

No puede ser que nos escandalice más la fila en una entidad financiera para retirar o consignar dinero y no nos apabulle la fila y romería eterna de quien busca salvar su vida o la de un familiar.

Medellín, 28 de enero de 2016


[1] Abogado y docente universitario.

miércoles, octubre 28, 2015

Diálogos con la justicia

Deber imperativo de coordinación
Por
Rafael Rincón P.

En Medellín y Antioquia fueron elegidos por voto popular el Alcalde de Medellín y el Gobernador de Antioquia para el periodo 2016-2019. Para el primer cargo fue escogido Federico Gutiérrez, quien se inscribió por firmas mediante el grupo significativo denominado Creemos; y para el segundo, fue ungido Luis Pérez Gutiérrez quien fue avalado por los Partidos Liberal y Cambio Radical.

Todas las autoridades administrativas en Colombia tienen el deber de cumplir su función administrativa bajo los principios de coordinación y colaboración armónica y sometidos a la prevalencia del interés general sobre los intereses particulares (Arts. 1, 113 y 209 de la C. P. de 1991). Municipio y Departamento son entes territoriales descentralizados con competencias constitucionales y legales muy precisas en relación con el desarrollo, la garantía de los derechos y la prestación de los servicios públicos.

No obstante existir el deber de coordinación entre los mandatarios, se presentan diferencias entre las autoridades, a veces ideológicas y a veces de carácter material. Frente a ellas los gobernantes tienen el deber imperativo de armonizarlas.

Pero, a veces, la diferencias provienen de una adversidad política, de diferencias con historia, diferencias personales. En estos casos es muy importante hacer de la coordinación una línea de gobierno y no un acto espontáneo y mucho menos un acto fingido; la idea es aprender a trabajar con la diferencia más que homogeneizar la administración pública municipal y departamental.

Siguiendo al Papa Juan Pablo II cuando visitó a Cuba en enero de 1998 en donde manifestó que Cuba debía abrirse al mundo y el mundo debía abrirse a Cuba el nuevo Gobernador debe abrirse a todos los antioqueños y todos los antioqueños deben abrirse al nuevo Gobernador.

Esa apertura tiene una clave fundamental y es el respeto de todas las partes.

Si seguimos el camino de ridiculizar por un lado, o el de soslayar y desconocer al otro, y gobernar para un solo sector, estoy seguro, que a corto plazo ganaran las soberbias y los egos, pero a mediano y largo plazo perderán quienes más necesitan a sus autoridades.



Medellín, 28 de octubre de 2015 

viernes, marzo 28, 2014

Diálogos con la justicia


Justicia descomedida
Por
Rafael Rincón P.*

Colombia es un país sin medidas, un país en donde el cielo está pegado del infierno y en donde se pasa rápidamente de la gloria a la condena; se ve fácilmente con los íconos deportivos y también con los líderes políticos como un gol los lleva al cielo y un autogol los conduce al infierno.

La justicia colombiana no es ajena a la falta de medidas. Se priva de la libertad a un futbolista por el no pago de una exigua obligación económica y se concede casa por cárcel a un gran defraudador del sistema financiero. Se imponen multas ínfimas a multinacionales que contaminan y se cobran altos intereses a deudores de vivienda o de créditos educativos.

El Consejo de Estado acaba de remplazar una sanción disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación contra el exalcalde de Medellín Alonso Salazar por desproporcionada. Considera que la falta calificada como indebida participación en política no fue tal sino una simple ausencia de prudencia y que, por lo tanto, no se trataba de una falta gravísima dolosa, sino una falta leve culposa razones por las cuales la sanción tendría que ser una amonestación y no una destitución e inhabilidad por 12 años.

El Consejo de Estado reconoce la falta disciplinaria del Alcalde Salazar, pero su péndulo está en el otro extremo del de la Procuraduría. Se pasó de una justicia draconiana, perseguidora y retaliativa, la del Procurador Ordoñez, al otro extremo de una “justicia” ciega, compensatoria y acomodada.

Si la decisión de la Procuraduría es chambona por desproporcionada la del Consejo de Estado no deja de ser zafia por desconocer los hechos tozudos que generaron la investigación y las propias declaraciones públicas del exalcalde Salazar.

Una justicia descomedida, sin adecuación, que no pondera los medios con los fines es inicua y por ello no es justicia y deja una sensación agridulce.

Que bueno que el exalcalde de Medellín Alonso Salazar recobre su vida política y se libere de una sanción inicua y desproporcionada. No obstante, también se está beneficiando de otra decisión inicua y desproporcionada que es la del Consejo de Estado que oculta los daños producidos al buen nombre de líderes sociales y la ventaja electoral obtenida con una participación indebida en política. Tener que encarar un proceso administrativo disciplinario inquisitivo ante un Procurador medieval es, sin duda, suficiente pena, y mucho más bochornosa para el investigado y la familia que una simbólica amonestación disciplinaria. Con el Consejo de Estado la sacó barata el exalcalde Salazar, pero fue muy onerosa  con la Procuraduría.


Finalmente, el pronunciamiento del Consejo de Estado, al calificar la sanción como desproporcionada y señalar que la Procuraduría no escogió ni la falta, ni la culpabilidad ni la sanción adecuada para lograr el fin de la igualdad en las campañas electorales lo que está afirmando es que percibió una torcida intención de uso político arbitrario de los procesos disciplinarios.


Medellín, 28 de marzo de 2014

* Abogado y docente universitario

miércoles, marzo 19, 2014

Diálogos con la justicia

Derecho sin fronteras

Por
Rafael Rincón P*

La protección de los derechos fundamentales no tiene fronteras. Organizaciones sociales de Bogotá, Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo y Minga, solicitaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, una medida cautelar de suspensión de una decisión administrativa interna de la Procuraduría General de la Nación para evitar un daño irremediable a los derechos políticos del Alcalde Gustavo Petro y de sus electores.

El Art. 93 de la Constitución Política de Colombia reza que “Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que prohíben su limitación en los estados de excepción, prevalecen en el orden interno”. Colombia acogió mediante la Ley 16 de 1972 la Convención Americana de Derechos Humanos.

No en vano cuando el Procurador Ordoñez visita la CIDH y expone allí sus argumentos lo que está haciendo es un reconocimiento, está otorgando legitimidad a este órgano internacional. Sin duda el Procurador hizo su tarea y ahora le corresponde comunicarle al Presidente de la República para que sea él quien cumpla la Resolución del CIDH. Colombia es parte de la Convención Americana y está en la obligación de cumplir sus decisiones.

El caso Petro confirma la existencia de una dimensión supranacional del proceso y de la justicia que busca alcanzar una dimensión universal en la defensa de las libertades y de los derechos fundamentales. Lo que la CIDH hace es un control supranacional de convencionalidad fundado en el Pacto de San José de Costa Rica.

La CIDH es un organismo cuasijurisdiccional con carácter contencioso, sus decisiones reúnen todas las condiciones necesarias para ser vinculantes, sus resoluciones poseen las mismas formalidades de un fallo, pero sus decisiones no son sentencias. Sus decisiones tienen un valor moral y jurídico pero no son ejecutables, es decir si el Estado colombiano no las cumple, materialmente no pasa nada distinto a la reprobación de la comunidad internacional.

El Presidente tiene en sus manos una decisión política, acata la Resolución de la CIDH fundada en la Convención Americana o acata la decisión de un órgano administrativo que tiene competencias disciplinarias. Más que el jugador de Poker hoy Colombia requiere un defensor de los derechos políticos de las mayorías. Dudo que Juan Manuel Santos sea ese defensor.

Medellín, 19 de marzo de 2014

* Abogado y docente universitario

miércoles, marzo 12, 2014

Diálogos con la justicia

Congreso no social

Por
Rafael Rincón P.*

Un Congreso elegido en medio de una abstención electoral del 56.42% del total de sufragantes, de estímulos electorales ilegales, de campañas publicitarias engañosas y precedido del fenómeno de la parapolítica es un Congreso con votos, pero sin legitimidad.

Ese Congreso de pesos pesados, de renombres, será el legislador en los próximos cuatro años, será, también, el control político del reelegido presidente, será el que desarrolle la Constitución Política de 1991. Ese Congreso, el de Gerlein, Uribe V., Musa Besaile será el que llene de contenido el Estado Social de Derecho. Sin duda va a ser un Congreso con más control político que legislatura. Abundarán los palos en la rueda al Plan de Desarrollo y faltará desarrollo legislativo en lo social.

Este Congreso elegirá a los órganos de control y garantizará el no control y el control discriminatorio que poco a poco se ha ido entronizando. Será el Congreso que garantizará la impunidad. Ya no habrá pérdidas de investidura a no ser de parlamentarios de la oposición.

Es muy posible que los ganadores hayan pagado los votos de contado, pero tienen las deudas pendientes con sus patrocinadores. Ya llegaran las facturas políticas para legislar a favor de las actuales EPS, de las multinacionales, de los operadores de telecomunicaciones privados, de la banca financiera y hasta de los ilegales del narcotráfico y de las tierras.

El Estado Social de Derecho tendrá que esperar y contentarse con los debates de control político en torno a la corrupción electoral, la violencia, el proceso de paz y el narcotráfico.


Medellín, 12 de marzo de 2014

* Abogado, docente universitario

viernes, marzo 07, 2014

Derechos políticos de los procesados

Por
Rafael Rincón P.

Toda persona mayor de 18 años tiene derecho al voto, así lo establece la Constitución Política (Art. 258) y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (Art. 25, literal b). No obstante, en Colombia, este derecho puede ser suspendido cuando el ciudadano recibe una sanción penal de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas (Art. 44 del Código Penal).

Pero, si bien esta suspensión recae solo sobre quienes han sido sancionados penalmente, en la práctica se ha extendido a todas las personas procesadas por la presunta comisión de un hecho punible. Miles de inocentes no condenados han perdido su derecho a elegir y ser elegidos.

En otras palabras, cerca de 36 mil personas que no tienen su situación jurídica definida [i] tienen el derecho al voto en el papel, pero no lo tienen garantizado en la realidad, lo que se convierte en un claro desconocimiento de los derechos fundamentales.

La Registraduría Nacional del Estado Civil está en mora de tutelar y garantizar los derechos a todas estas personas procesadas, que si bien están siendo investigadas, no están condenadas y por ello tienen su derecho a la presunción de inocencia incólume y su derecho al ejercicio del derecho al sufragio sin ninguna limitación. Los procesados deberían contar con cubículos y jurados de votación especiales instalados en las cárceles de tal manera que puedan sufragar y expresar su voluntad política.

Medellín, 7 de marzo de 2014


[i] Informe estadístico. Inpec, 2013.

lunes, mayo 20, 2013

Opinio Juris


Mazmorra La Alpujarra
Por
Rafael Rincón P.*

 "Si es necesario cometer una injusticia para que no se derrumbe el universo,
deja que el universo se derrumbe."

José F. de Rpo.


El edificio en donde funciona la justicia en Medellín lleva el nombre del educador  y magistrado envigadeño José Felix de Restrepo. Él, con Juan del Corral, en el siglo XVIII, fue el autor de la Ley de libertad de vientres de los esclavos y es reconocido como el pionero de liberación de los esclavos en Antioquia

Lamentablemente hoy el sótano del edificio del Palacio de Justicia se ha convertido en un lugar dantesco que afrenta no solo la memoria del independentista sino a todos los trabajadores y visitantes de los 27 pisos del edificio. Un Palacio de Justicia anclado en una letrina humana, visitado por juristas, abogados, académicos y litigantes de todas las estirpes que, en su mayoría, pasan literalmente por encima del dolor humano.

En las afueras, los familiares de los encuevados, con pitos y cartulinas, intentan llamar la atención del público sobre lo que ocurre en la mazmorra La Alpujarra. A mañana, tarde y noche piden dignidad humana para sus hijos, que los traten como presos dignos y no como escoria.

Aunque las leyes hablan de dignidad los jueces ordenan su privación de libertad en contra de preceptos constitucionales e internacionales que demandan un trato digno para todos los internos de las cárceles. Los mismos que reclaman un salario digno son incapaces de reconocer unas condiciones dignas para los procesados.

El sótano de La Alpujarra es una muestra de la crisis penal que vive Colombia, por proteger los intereses de los más pudientes, llevamos a la cárcel los ladrones de celulares y dejamos en la impunidad los delitos contra la vida.

Medellín, 20 de mayo de 2013

* Abogado y docente universitario