viernes, marzo 28, 2014

Diálogos con la justicia


Justicia descomedida
Por
Rafael Rincón P.*

Colombia es un país sin medidas, un país en donde el cielo está pegado del infierno y en donde se pasa rápidamente de la gloria a la condena; se ve fácilmente con los íconos deportivos y también con los líderes políticos como un gol los lleva al cielo y un autogol los conduce al infierno.

La justicia colombiana no es ajena a la falta de medidas. Se priva de la libertad a un futbolista por el no pago de una exigua obligación económica y se concede casa por cárcel a un gran defraudador del sistema financiero. Se imponen multas ínfimas a multinacionales que contaminan y se cobran altos intereses a deudores de vivienda o de créditos educativos.

El Consejo de Estado acaba de remplazar una sanción disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación contra el exalcalde de Medellín Alonso Salazar por desproporcionada. Considera que la falta calificada como indebida participación en política no fue tal sino una simple ausencia de prudencia y que, por lo tanto, no se trataba de una falta gravísima dolosa, sino una falta leve culposa razones por las cuales la sanción tendría que ser una amonestación y no una destitución e inhabilidad por 12 años.

El Consejo de Estado reconoce la falta disciplinaria del Alcalde Salazar, pero su péndulo está en el otro extremo del de la Procuraduría. Se pasó de una justicia draconiana, perseguidora y retaliativa, la del Procurador Ordoñez, al otro extremo de una “justicia” ciega, compensatoria y acomodada.

Si la decisión de la Procuraduría es chambona por desproporcionada la del Consejo de Estado no deja de ser zafia por desconocer los hechos tozudos que generaron la investigación y las propias declaraciones públicas del exalcalde Salazar.

Una justicia descomedida, sin adecuación, que no pondera los medios con los fines es inicua y por ello no es justicia y deja una sensación agridulce.

Que bueno que el exalcalde de Medellín Alonso Salazar recobre su vida política y se libere de una sanción inicua y desproporcionada. No obstante, también se está beneficiando de otra decisión inicua y desproporcionada que es la del Consejo de Estado que oculta los daños producidos al buen nombre de líderes sociales y la ventaja electoral obtenida con una participación indebida en política. Tener que encarar un proceso administrativo disciplinario inquisitivo ante un Procurador medieval es, sin duda, suficiente pena, y mucho más bochornosa para el investigado y la familia que una simbólica amonestación disciplinaria. Con el Consejo de Estado la sacó barata el exalcalde Salazar, pero fue muy onerosa  con la Procuraduría.


Finalmente, el pronunciamiento del Consejo de Estado, al calificar la sanción como desproporcionada y señalar que la Procuraduría no escogió ni la falta, ni la culpabilidad ni la sanción adecuada para lograr el fin de la igualdad en las campañas electorales lo que está afirmando es que percibió una torcida intención de uso político arbitrario de los procesos disciplinarios.


Medellín, 28 de marzo de 2014

* Abogado y docente universitario

miércoles, marzo 19, 2014

Diálogos con la justicia

Derecho sin fronteras

Por
Rafael Rincón P*

La protección de los derechos fundamentales no tiene fronteras. Organizaciones sociales de Bogotá, Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo y Minga, solicitaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, una medida cautelar de suspensión de una decisión administrativa interna de la Procuraduría General de la Nación para evitar un daño irremediable a los derechos políticos del Alcalde Gustavo Petro y de sus electores.

El Art. 93 de la Constitución Política de Colombia reza que “Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que prohíben su limitación en los estados de excepción, prevalecen en el orden interno”. Colombia acogió mediante la Ley 16 de 1972 la Convención Americana de Derechos Humanos.

No en vano cuando el Procurador Ordoñez visita la CIDH y expone allí sus argumentos lo que está haciendo es un reconocimiento, está otorgando legitimidad a este órgano internacional. Sin duda el Procurador hizo su tarea y ahora le corresponde comunicarle al Presidente de la República para que sea él quien cumpla la Resolución del CIDH. Colombia es parte de la Convención Americana y está en la obligación de cumplir sus decisiones.

El caso Petro confirma la existencia de una dimensión supranacional del proceso y de la justicia que busca alcanzar una dimensión universal en la defensa de las libertades y de los derechos fundamentales. Lo que la CIDH hace es un control supranacional de convencionalidad fundado en el Pacto de San José de Costa Rica.

La CIDH es un organismo cuasijurisdiccional con carácter contencioso, sus decisiones reúnen todas las condiciones necesarias para ser vinculantes, sus resoluciones poseen las mismas formalidades de un fallo, pero sus decisiones no son sentencias. Sus decisiones tienen un valor moral y jurídico pero no son ejecutables, es decir si el Estado colombiano no las cumple, materialmente no pasa nada distinto a la reprobación de la comunidad internacional.

El Presidente tiene en sus manos una decisión política, acata la Resolución de la CIDH fundada en la Convención Americana o acata la decisión de un órgano administrativo que tiene competencias disciplinarias. Más que el jugador de Poker hoy Colombia requiere un defensor de los derechos políticos de las mayorías. Dudo que Juan Manuel Santos sea ese defensor.

Medellín, 19 de marzo de 2014

* Abogado y docente universitario

miércoles, marzo 12, 2014

Diálogos con la justicia

Congreso no social

Por
Rafael Rincón P.*

Un Congreso elegido en medio de una abstención electoral del 56.42% del total de sufragantes, de estímulos electorales ilegales, de campañas publicitarias engañosas y precedido del fenómeno de la parapolítica es un Congreso con votos, pero sin legitimidad.

Ese Congreso de pesos pesados, de renombres, será el legislador en los próximos cuatro años, será, también, el control político del reelegido presidente, será el que desarrolle la Constitución Política de 1991. Ese Congreso, el de Gerlein, Uribe V., Musa Besaile será el que llene de contenido el Estado Social de Derecho. Sin duda va a ser un Congreso con más control político que legislatura. Abundarán los palos en la rueda al Plan de Desarrollo y faltará desarrollo legislativo en lo social.

Este Congreso elegirá a los órganos de control y garantizará el no control y el control discriminatorio que poco a poco se ha ido entronizando. Será el Congreso que garantizará la impunidad. Ya no habrá pérdidas de investidura a no ser de parlamentarios de la oposición.

Es muy posible que los ganadores hayan pagado los votos de contado, pero tienen las deudas pendientes con sus patrocinadores. Ya llegaran las facturas políticas para legislar a favor de las actuales EPS, de las multinacionales, de los operadores de telecomunicaciones privados, de la banca financiera y hasta de los ilegales del narcotráfico y de las tierras.

El Estado Social de Derecho tendrá que esperar y contentarse con los debates de control político en torno a la corrupción electoral, la violencia, el proceso de paz y el narcotráfico.


Medellín, 12 de marzo de 2014

* Abogado, docente universitario

viernes, marzo 07, 2014

Derechos políticos de los procesados

Por
Rafael Rincón P.

Toda persona mayor de 18 años tiene derecho al voto, así lo establece la Constitución Política (Art. 258) y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (Art. 25, literal b). No obstante, en Colombia, este derecho puede ser suspendido cuando el ciudadano recibe una sanción penal de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas (Art. 44 del Código Penal).

Pero, si bien esta suspensión recae solo sobre quienes han sido sancionados penalmente, en la práctica se ha extendido a todas las personas procesadas por la presunta comisión de un hecho punible. Miles de inocentes no condenados han perdido su derecho a elegir y ser elegidos.

En otras palabras, cerca de 36 mil personas que no tienen su situación jurídica definida [i] tienen el derecho al voto en el papel, pero no lo tienen garantizado en la realidad, lo que se convierte en un claro desconocimiento de los derechos fundamentales.

La Registraduría Nacional del Estado Civil está en mora de tutelar y garantizar los derechos a todas estas personas procesadas, que si bien están siendo investigadas, no están condenadas y por ello tienen su derecho a la presunción de inocencia incólume y su derecho al ejercicio del derecho al sufragio sin ninguna limitación. Los procesados deberían contar con cubículos y jurados de votación especiales instalados en las cárceles de tal manera que puedan sufragar y expresar su voluntad política.

Medellín, 7 de marzo de 2014


[i] Informe estadístico. Inpec, 2013.

lunes, mayo 20, 2013

Opinio Juris


Mazmorra La Alpujarra
Por
Rafael Rincón P.*

 "Si es necesario cometer una injusticia para que no se derrumbe el universo,
deja que el universo se derrumbe."

José F. de Rpo.


El edificio en donde funciona la justicia en Medellín lleva el nombre del educador  y magistrado envigadeño José Felix de Restrepo. Él, con Juan del Corral, en el siglo XVIII, fue el autor de la Ley de libertad de vientres de los esclavos y es reconocido como el pionero de liberación de los esclavos en Antioquia

Lamentablemente hoy el sótano del edificio del Palacio de Justicia se ha convertido en un lugar dantesco que afrenta no solo la memoria del independentista sino a todos los trabajadores y visitantes de los 27 pisos del edificio. Un Palacio de Justicia anclado en una letrina humana, visitado por juristas, abogados, académicos y litigantes de todas las estirpes que, en su mayoría, pasan literalmente por encima del dolor humano.

En las afueras, los familiares de los encuevados, con pitos y cartulinas, intentan llamar la atención del público sobre lo que ocurre en la mazmorra La Alpujarra. A mañana, tarde y noche piden dignidad humana para sus hijos, que los traten como presos dignos y no como escoria.

Aunque las leyes hablan de dignidad los jueces ordenan su privación de libertad en contra de preceptos constitucionales e internacionales que demandan un trato digno para todos los internos de las cárceles. Los mismos que reclaman un salario digno son incapaces de reconocer unas condiciones dignas para los procesados.

El sótano de La Alpujarra es una muestra de la crisis penal que vive Colombia, por proteger los intereses de los más pudientes, llevamos a la cárcel los ladrones de celulares y dejamos en la impunidad los delitos contra la vida.

Medellín, 20 de mayo de 2013

* Abogado y docente universitario

Recurso de apelación, por un hábeas corpus reparador y no solo correctivo


Medellín, 20 de mayo de 2013

Señores
Tribunal Superior de Medellín
E. S. D.

                        Asunto:                   Recurso de apelación
                        Accionante:           Cristian Julian Barreneche Chavarría
                        Accionado:             Inpec
                        Apoderado:            Rafael Rincón Patiño
                        Radicado:                05 001 22 04 000 2013 00530

Rafael Rincón Patiño, abogado, identificado con la cédula de ciudadanía nro. 71 585513 de Medellín y la tarjeta profesional nro. 71 068 del Consejo Superior de la Judicatura, en calidad de apoderado del Sr. Cristian Julian Barreneche Chavarría, también mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía nro. 1 128 398 431, me permito presentar recurso de apelación, para que sea conocido y tramitado por el inmediato superior, frente al auto interlocutorio Nro. 047 de 17 de mayo de 2013 de la Sala Penal del Tribunal Superior de Medellín (Magistrado Hender Augusto Andrade Becerra) que “declara procedente el recurso de hábeas corpus para el Sr. Cristian Julian Barreneche Chavarría como mecanismo correctivo, ordenando a los funcionarios del Inpec la gestión necesaria para que sea ubicado inmediatamente en el centro de reclusión que designen para que este pueda cumplir la medida de aseguramiento impuesta en condiciones dignas”.

Hechos y consideraciones

Fundamento mi respetuoso disenso en los siguientes hechos y consideraciones:

Uno. El a quo declaró a favor del Sr. Cristian Julian Barreneche Chavarría el hábeas corpus en modalidad de correctivo, reconociendo que los calabozos del sótano del Edificio José Felix de Restrepo de la ciudad de Medellín no reunen las condiciones de dignidad humana:

“… el actor ha permanecido por casi 20 días en los calabozos del Palacio de Justicia, locaciones que por estar concebidas como un sitio de permanencia breve no se encuentran dotadas de comodidades mínimas, como lo serían los espacios para el aseo personal, baños privados y dormitorios, aspecto tan precario que ha sido ya evidenciado por los medios y por los diferentes organismos de derechos humanos, quienes dan cuenta de la precariedad de la permanencia no solo de Cristian Julian sino de otro gran número de presos que como él se encuentran en iguales condiciones, esto es no cuentan con ducha y deben dormir en el suelo, lo cual no se compadece con el principio de la dignidad humana establecido como pilar del Estado Social de Derecho; además, este lugar no cuenta con el suministro de alimentación, de ahí que la misma dependa de personas cercanas al interno”.

Dos. El a quo ordena corregir instando al Inpec a remitir inmediatamente al Sr. Barreneche Chavarriaga a un centro de reclusión para que se cumpla la medida de aseguramiento en condiciones dignas.

Es decir, el a quo reconoce la ilegalidad de la detención en ese lugar pero, en mi respetuoso sentir, no procede de conformidad, o sea que admite que el accionante está sometido a tratos crueles, inhumanos o degradantes pero se abstiene de ordenar la libertad inmediata y opta por una medida correctiva, que hasta la fecha ha sido desacata por el Inpec.
No huelga afirmar, que el honorable Tribunal pareciera desconocer las causas que han llevado a convertir ilegalmente los sotanos en cuasi establecimiento penitenciarios.

Actualmente el Inpec se niega a recibir internos aduciendo el hacinamiento carcelario.

Tres. La Sala Penal del Tribunal Superior de Medellín reconoce que el lugar de permanencia de Cristian Julian Barreneche Chavarría es indigno, y reconoce un tiempo de permanencia en el sotano de más de 20 días, pero no llega a la conclusión de que esa indignidad prolongada es una privación de libertad ilegal.

Cuatro. La privación de la libertad del Sr. Barreneche Chavarriaga en un lugar inadecuado e indigno genera un daño antijurídico que él ni su familia están en el deber jurídico de soportar.

Daño que se traduce en el riesgo de sus derechos fundamentales a la vida, a la integridad física y a la salud. Igualmente en daños que significan la presencia permanente de sus familiares en los alrededores del Edificio José Felix de Restrepo para proveer los alimentos; pero también el daño moral de saber que su hijo y hermano está sometido a vejámenes que origina la condición de hacinamiento; y por último el daño que sufre la familia al estar expuestos al escrutinio y escarnio público de tener un hijo procesado.

Por estas razones, solicito de manera comedida, al a quem revise la decisión tomada por la Sala Penal del Tribunal Superior de Medellín y conceda, a título de reparación, la libertad inmediata del Sr. Cristian Julian Barreneche.

Atte.,


Rafael Rincón Patiño
C. de C. Nro. 71 585513 de Medellín
T. P. Nro. 71 068 del C. S. de la Judicatura

Desacato de hábeas corpus

Medellín, 20 de mayo de 2013

Señores
Tribunal Superior de Medellín
E. S. D.

                        Asunto:                  Desacato a hábeas corpus
                        Accionante:          Cristian Julian Barreneche Chavarría
                        Accionado:            Inpec
                        Apoderado:           Rafael Rincón Patiño
                        Radicado:              05 001 22 04 000 2013 00530

Rafael Rincón Patiño, abogado, identificado con la cédula de ciudadanía nro. 71 585513 de Medellín y la tarjeta profesional nro. 71 068 del Consejo Superior de la Judicatura, en calidad de apoderado del Sr. Cristian Julian Barreneche Chavarría, también mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía nro. 1 128 398 431, me permito informar que a la fecha y hora no ha sido acatada la orden contenida en el auto interlocutorio Nro. 047 de 17 de mayo de 2013 de la Sala Penal del Tribunal Superior de Medellín (Magistrado Hender Augusto Andrade Becerra) que “declara procedente el recurso de hábeas corpus para el Sr. Cristian Julian Barreneche Chavarría como mecanismo correctivo, ordenando a los funcionarios del Inpec la gestión necesaria para que sea ubicado inmediatamente en el centro de reclusión que designen para que este pueda cumplir la medida de aseguramiento impuesta en condiciones dignas”.

Atte.,


Rafael Rincón Patiño
C. de C. Nro. 71 585513 de Medellín
T. P. Nro. 71 068 del C. S. de la Judicatura

viernes, mayo 17, 2013

Acción constitucional de hábeas corpus


Hábeas corpus buscando la libertad inmediata de los internos hacinados en los calabozos del sotano del Edificio Felix Restrepo o Palacio de Justicia de Medellín


Medellín, 17 de mayo de 2013

Señores
Tribunal Superior de Medellín (Reparto)
E. S. D.

                        Asunto: Acción de hábeas corpus
                        Accionante: Cristian Julian Barreneche Ch.

Rafael Rincón Patiño, abogado, identificado con la cédula de ciudadanía nro. 71 585513 de Medellín y la tarjeta profesional nro. 71 068 del Consejo Superior de la Judicatura, en calidad de apoderado del Sr. Cristian Julian Barreneche Chavarría, también mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía nro. 1 128 398 431, me permito solicitar se conceda la libertad inmediata a mi poderdante con fundamento en los siguientes hechos y consideraciones legales:

Hechos

1.       El Sr. Cristian Julián Barreneche Chavarría se encuentra privado de la libertad en los calabozos de La Alpujarra desde el 28 de abril de 2013 fecha en la cual se legalizó su captura, se le imputó el delito de hurto calificado agravado y se decretó la medida de aseguramiento privativa de la libertad consistente en detención preventiva en establecimiento de reclusión (Pedregal) por el Juzgado penal municipal con funciones de control de garantías de la ciudad de Medellín.

2.      Los calabozos de La Alpujarra tienen en el día de hoy 130 personas privadas de la libertad en condiciones indignas como:

a.       Hacinamiento: 130 personas en un espacio que está adecuado para            70 en condiciones normales. Los calabozos no tienen la calidad de establecimiento de reclusión.

b.      Los llamados calabozos de La Alpujarra están ubicados en el sotano del Edificio José Felix de Restrepo y no tienen ningún tipo de ventilación mecánica.

c.       Permanencia de las personas privadas de la libertad por más de un día, siendo éste un lugar de tránsito. El Sr. Cristian Julian Barreneche Chavarría lleva diecinueve (20) días encerrado en los calabozos de La Alpujarra.

d.      El Sr. Cristian Julian Barreneche Chavarría no ha visto la luz del día en este tiempo.

e.       El Sr. Cristian Julian Barreneche Chavarría debe hacer sus necesidades fisiológicas en una botella de Coca Cola, al lado de todos sus compañeros de suerte. Las secreciones permanecen por largo tiempo al borde del ingreso generando malos olores.

f.         La familia del Sr. Cristian Julian Barreneche Chavarría debe proveer alimentación tres veces al día y permanecer en las afueras de los calabozos pendientes de la situación de su hijo y hermano.

g.      El Sr. Cristian Julian Barreneche Chavarría se ducha en la misma celda ayudándose de agua ingresada en botellas de Coca Cola.

h.      En la celda que comparte existen compañeros enfermos.

3. El calabozo de La Alpujarra por arte de birlibirloque se ha transformado ilegalmente en un establecimiento de reclusión cuando solo es concebido como lugar de paso.

Consideraciones legales

Uno. El Art. 30 de la Constitución Política señala que quien estuviere privado de la libertad y creyere estarlo ilegalmente está legitimado por activa para ejercer la acción constitucional de hábeas corpus con miras a obtener su libertad inmediata.

Dos. La Ley estatutaria 1096 de 2006 en su Art. 1 define el hábeas corpus como una acción constitucional y un derecho fundamental que se tiene cuando la persona es privada de la libertad con violación de las garantías constitucionales y legales.

Tres. El Art. 1 de la Constitución Política define a Colombia como un Estado social de derecho fundado en el respeto a la dignidad humana. La Corte Constitucional en sentencia T-881 de 2002 con ponencia del magistrado Eduardo Montealegre Lynett, señala como una de las formas de la dignidad humana el “vivir bien”, es decir, la existencia de unas condiciones materiales mínimas (Mínimo vital).

Esta misma sentencia señala el derecho que tiene toda persona a su integridad moral. Ninguna persona puede ser humillada, es decir, tratada por debajo de los estandares de todo ser humano. El encierro o confinamiento que padece el Sr. Cristian Julian Barreneche Chavarría lo tiene asimilado a un animal y lo desdibuja como persona.

Cuatro. La Ley 599 de 1999, Art. 1, trae como fundamento del derecho penal el respeto a la dignidad humana. En otras palabras si el derecho penal no respeta el canon constitucional de la dignidad humana, éste es inaplicable. Los calabozos de La Alpujarra constituyen un estado de cosas inconstitucional que hacen inaplicable el derecho penal.

Quinto. El Art. 5 de la Ley 65 de 1993 confirma el derecho a la integridad moral de todas las personas. Eso significa que quienes esten privados de la libertad no pierden su derecho a la dignidad humana y deben gozar del respeto a su integridad psiquica, emocional y moral.

Sexto. La Convención Americana de Derechos Humanas, acogida en nuestro ordenamiento jurídico por la Ley 16 de 1972, en su Art. 5, numeral 1 prescribe el respeto a la integridad psiquica y moral; en el numeral 2 del mismo artículo señala la prohibición de someter a las personas a tratos inhumanos o degradantes o contrarios a la dignidad humana.

El Art. 11, numeral 1, de la misma Convención Americana reitera el llamado para que se respete la dignidad humana de toda persona: “Toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad”.

Pruebas

Inspección judicial:
Solicito practicar inspección judicial a los calabozos de La Alpujarra para verificar el estado de cosas inconstitucional y la presencia del Sr. Cristian Julian Barreneche Chavarría

Testimonio:
Dr. Jaime Jaramillo Jaramillo, Director Administrativo del Edificio José Felix de Restrepo, para que responda a la pregunta “si los calabozos de la Alpujarra tienen la calidad de establecimiento de reclusión de que habla el numeral primero del Art. 307 de la Ley 906 de 2004”.

Peticiones

1. Solicito en virtud de esta acción de hábeas corpus la libertad inmediata del Sr. Cristian Julian Barreneche Chavarría por: a) violación de las garantías constitucionales y legales y b) por estar privado de su libertad en un lugar no dispuesto por la judicatura.

2. Solicito inaplicar toda medida de aseguramiento prevista por la Ley 906 de 2004 por no existir las garantías materiales para el ejercicio del derecho fundamental a la dignidad humana.

Atte.,



Rafael Rincón Patiño
Abogado Universidad de Medellín

jueves, setiembre 15, 2011

Opinio Juris


La indiferencia no baja el riesgo

Por
Rafael Rincón P.[1]

“Hay que acabar con los lloriqueos inconcluyentes de los eternos inocentes”
Antonio Gramsci[2]

La campaña Ni un muerto más busca quebrar la indiferencia como respuesta social a la violencia. Ni un muerto más, ni un desaparecido más, ni un desplazado más, ni un falso positivo más, ni una tortura más es un clamor para despertar del letargo en el que todo nos da lo mismo.

La campaña Ni un muerto más es una invitación a salir del siglo XX. Colombia debe dejar atrás la indiferencia como respuesta a la violencia. Debemos decir con el tango Cambalache que No… “es lo mismo el que labora noche y día como un buey, que el que vive de los otros, que el que mata, que el que cura o está fuera de la ley”[3].

En España se han levantado los indignados contra el consumo impulsivo, en Colombia hay que reaccionar contra la indiferencia, contra ese “estado de ánimo en el que no se siente inclinación ni repugnancia hacia una persona, objeto o negocio determinado; no hay ni preferencia, ni elección”[4].

La indiferencia es una manera equivocada de reducir el riesgo[5]. La indiferencia se construye como una forma de alejarnos de la violencia, de mitigar la amenaza. Quien se acerca al desplazado, al amenazado, a la víctima cree que corre el riesgo de calentarse. En una sociedad de indiferentes el llamado a la solidaridad es una imprudencia.

Vivimos en ciudades pobladas por personas en situación de indiferencia, de victimas y de victimarios.


La indiferencia es el distanciamiento de la política, es la negación del otro y es la homogeneización total, todo da igual. Aristóteles definía al ser humano como un animal político y, por lo tanto, concebía la indiferencia como contraria a la naturaleza humana; es, también, tomar distancia del otro en nombre de la del miedo, de la prudencia y hasta de los buenos modales, es estar lejos  de lo más público que es la vida; y la indiferencia es, finalmente, el reduccionismo máximo y la entrega a un fatalismo, todo es igual y si fue así es porque así iba a ser.

Se vive con una indiferencia propia de la opulencia, se ignora la inequidad, la fragmentación de la sociedad, se conquistan premios por mentir, edificamos una sociedad verosímil, lejos de lo real.

La campaña Ni un muerto más convoca a cumplir el deber de humanizarse, a ejercer la política como el cuidado de lo público, de lo que es de todos, a reconocerse en el otro y a dejarse asombrar por la diferencia.


Medellín, 14 de septiembre de 2011


[1] Abogado, Vocero de la Mesa de DD. HH. del Valle de Aburrá.
[2] La indiferencia. Antonio Gramsci. 1917.
[3] Cambalache. Enrique Santos Discépolo. 1935.
[4] DRAE
[5] Contra la indiferencia. Josep Ramoneda. 2011.

martes, mayo 17, 2011

Opinio Juris

Las cooperativas al revés

Por
Rafael Rincón

La solidaridad es una obligación del Estado y de los particulares con quienes están en situación de debilidad manifiesta, es también un principio de la seguridad social, es un desarrollo de la dignidad humana y es un deber constitucional, el deber de colaboración.

Desde la ética solidaridad es hacer humanidad, es “encontrar al otro como sostén de mi fragilidad”.

Pero, bajo estos nobles principios en Colombia ha pelechado la corrupción, especialmente la de iniciativa privada que se apropia de lo público. Aquella corrupción que se considera de mejor pelambre y que incluso se oculta en la corrupción administrativa, y que, sin sonrojarse, demanda a las autoridades judiciales segundas oportunidades.

Saludcoop es otra prueba de que algunas cooperativas son el revés de la solidaridad. Cooperativa parece ser el antifaz de algunas bandas criminales, que se visten de oveja para tapar el leviatán. Son asociaciones para delinquir, así lo expresó el mismo General Naranjo, Director Nacional de la Policía, para referirse a algunas EPS que están asociadas con organizaciones delictivas.

A Saludcoop, intermediaria de los recursos públicos de la salud,  la acompañan muchas Cooperativas de Trabajo Asociado que se dedicaron a flexibilizar, a dañar el trabajo digno de todas las personas. Cooperativas dedicadas a esquilmar a los trabajadores, verdaderas chupasangres laborales.

A Saludcoop la acompañan las nefastas cooperativas de vigilancia y seguridad privada, las Convivir, implementadas desde Antioquia y terminaron convertidas en nefastos grupos paramilitares.

Pero, no solamente se ha dañado el instrumento de la solidaridad sino también la esencia misma. En la última década gubernamental se habla de solidaridad ciudadana cuando las personas aceptan jugosas sumas de dinero para denunciar a los criminales, se llegó a hablar de un millón de cooperantes de la seguridad. Un millón de solidarios por dinero. La perversión de la solidaridad desde el gobierno llegó hasta comprar la mutilación de una mano de un jefe guerrillero.

Las cooperativas al revés y la solidaridad al revés son el resultado de un proceso de corrupción que fue facilitado mediante la Ley 100 de 1993 y amparado por servidores públicos hospedados en la Casa de Nariño.

Medellín, 17 de mayo de 2011