Discriminación política
Por
Rafael Rincón P. *
El Múseo Casa de la Memoria de
Medellín, un establecimiento público descentralizado del orden municipal,
canceló en su sede un evento para evaluar la implementación del proceso de paz.
La actividad fue convocada por organizaciones sociales de la ciudad.
Manifestó la Directora en su
comunicado en donde explicaba las razones de su acto administrativo arbitrario
que el Museo debe acogerse a la Ley 996 de 2005, conocida como la ley de
garantías electorales. Y además, dijo que no permitía la participación de un
vocero de un candidato presidencial.
No pretendo hacer un análisis
pormenorizado de la actuación administrativa de la Directora del Museo, pero
creo que hizo todo lo contrario, y considero que por cumplir una orden superior
o por agradar a su jefe incurrió en un acto de discriminación por razón de credo
político; situación ésta que la involucra en una falta disciplinaria por violar
el principio de imparcialidad de la función pública, pero también la puede
hacer sujeto de una investigación penal al infringir la Ley 1482 de 2011 que
tipifica el delito de discriminación así:
Artículo 134 A. Actos
de Racismo o discriminación. El que arbitrariamente impida,
obstruya o restrinja el pleno ejercicio de los derechos de las personas por
razón de su raza, nacionalidad, sexo u orientación sexual, incurrirá en prisión
de doce (12) a treinta y seis (36) meses y multa de diez (10) a quince (15) salarios
mínimos legales mensuales vigentes.
Es que la ley de garantías como su nombre lo dice es para asegurar la
igualdad de los candidatos que cumplan los requisitos de ley en las justas
electorales (Art. 1 de la Ley 996 de 2005).
La participación electoral es la que diga la
ley que es y no la que un servidor público caprichosamente, diga que es para
excluir a otra persona, o a una comunidad por razones políticas.
Considero que este caso debe ser
investigado disciplinaria y penalmente. La Personería, por un lado, debe asumir
el conocimiento de la falta; y la Fiscalía, por el otro lado, debe investigar y
acusar por la presunta violación del derecho de igualdad mediante actos
discriminatorios. Es mi opinión.
* Abogado y docente
universitario.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario