lunes, febrero 01, 2016

Diálogos con la justicia

Un Estado Social de Derecho en serio
Por
Rafael Rincón P.*

En Colombia no hay desabastecimiento en los almacenes de superficie como en Venezuela, pero el día de ayer (Enero 31/2016) murió una niña Wayú de desnutrición, en el municipio de Uribia, Guajira. Como ella, son 4.770 niños y niñas Wayú las que han fallecido por inanición en Colombia en los últimos ocho años.

La situación ha sido tan delicada que la Defensoría del Pueblo produjo un informe sobre la grave crisis humanitaria en la Guajira en donde destaca la desnutrición de cerca de 34.000 niños.[1]

A la niña Wayú no la salvó haber nacido en un país con un Estado declarado como social de derecho, en donde se proclama a los cuatro vientos que los derechos de los niños son todos fundamentales y prevalentes y que ellos se encuentran en estado de debilidad manifiesta, indefensión y alta vulnerabilidad, amén de hacer parte de una comunidad indígena.[2]

Tampoco salvó a la niña Wayú la reciente Declaración de Davos, Suiza, en donde los gremios más pudientes del planeta se dan golpes de pecho bajo la nieve alpina y se comprometen a humanizar el capital y las utilidades.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos, organismo de la OEA, el pasado 11 de diciembre de 2015, instó a las autoridades colombianas, mediante una resolución en donde decreta unas medidas cautelares, a proteger la vida de los niños Wayú debido al estado de desprotección institucional y a la falta de acceso al agua potable. La situación fue calificada como grave y urgente por el ente comunitario de derechos humanos.[3]

A pesar del llamado internacional lo que encontramos en las autoridades son evasivas y estériles peleas tuiteras y judiciales de la entidad responsable de proteger la infancia y la familia en Colombia: El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Sobre la omisión institucional y sobre la conducta de los servidores públicos difícilmente caerá el peso de la ley o el control de la Procuraduría General de la Nación.

Colombia debe dar el paso cualitativo de declarar los derechos a hacerlos realidad, por lo menos los de la infancia.

El poder ejecutivo no está instituido para denunciar las violaciones de los derechos humanos está para hacerlos efectivos. La Administración pública, a veces, parece una ong de derechos humanos denunciando, como si su rol no fuera el de producir y generar las condiciones para garantizar el mínimo vital de todas las personas.

Un Estado Social de Derecho en serio significa un Estado garante de los derechos, un Estado que supera las declaraciones retóricas y pasa a generar vínculos y responsabilidades en todos sus servidores públicos; un Estado serio es un Estado que hace realidad el canon constitucional de que las autoridades están instituidas para proteger a todas las personas y para asegurar el cumplimiento de los deberes del Estado y de los particulares.

Al pie de esta noticia siniestra es indignante percibir como hoy, por un lado, en no pocos restaurantes,  se garantiza el acceso y el agua fresca y potable a las mascotas, y por el otro lado, ese mismo Estado y esa misma sociedad ven morir de sed y desnutrición a las niñas ancestrales y nativas de la etnia Wayú.

Medellín, 1 de febrero de 2016

* Abogado y docente universitario.



[2] Sentencia T-262-2012 de la Corte Constitucional.
[3] Resolución nro. 60 de 2015 de la CIDH. http://www.oas.org/es/cidh/decisiones/pdf/2015/MC51-15-Es.pdf

1 comentario:

CONSCIENCIA DE VIDA dijo...

Felicitaciones, es muy oportuno abrir el debate sobre este tema y marcar las prioridades sociales. Algo raro sucede y nos estamos desviando de la solidaridad, el amor y la humanidad. Es necesario volver al origen y salvaguardar la VIDA como derecho fundamental.
Niños y niñas merecen ser atendidos como los adultos mayores, además de amados y cuidados.Es una tarea no resuelta que debemos revisar y no basta solo con políticas públicas, se requiere un cambio real.
También creo que internamente las comunidades indígenas deben revisar sus prioridades generacionales y de inversión; porque por la información de prensa, es mucho el dinero que llega a la Guajira y a las comunidades indígenas. Qué pasa? en qué se gasta? quién hace veeduría?