miércoles, marzo 19, 2014

Diálogos con la justicia

Derecho sin fronteras

Por
Rafael Rincón P*

La protección de los derechos fundamentales no tiene fronteras. Organizaciones sociales de Bogotá, Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo y Minga, solicitaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, una medida cautelar de suspensión de una decisión administrativa interna de la Procuraduría General de la Nación para evitar un daño irremediable a los derechos políticos del Alcalde Gustavo Petro y de sus electores.

El Art. 93 de la Constitución Política de Colombia reza que “Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que prohíben su limitación en los estados de excepción, prevalecen en el orden interno”. Colombia acogió mediante la Ley 16 de 1972 la Convención Americana de Derechos Humanos.

No en vano cuando el Procurador Ordoñez visita la CIDH y expone allí sus argumentos lo que está haciendo es un reconocimiento, está otorgando legitimidad a este órgano internacional. Sin duda el Procurador hizo su tarea y ahora le corresponde comunicarle al Presidente de la República para que sea él quien cumpla la Resolución del CIDH. Colombia es parte de la Convención Americana y está en la obligación de cumplir sus decisiones.

El caso Petro confirma la existencia de una dimensión supranacional del proceso y de la justicia que busca alcanzar una dimensión universal en la defensa de las libertades y de los derechos fundamentales. Lo que la CIDH hace es un control supranacional de convencionalidad fundado en el Pacto de San José de Costa Rica.

La CIDH es un organismo cuasijurisdiccional con carácter contencioso, sus decisiones reúnen todas las condiciones necesarias para ser vinculantes, sus resoluciones poseen las mismas formalidades de un fallo, pero sus decisiones no son sentencias. Sus decisiones tienen un valor moral y jurídico pero no son ejecutables, es decir si el Estado colombiano no las cumple, materialmente no pasa nada distinto a la reprobación de la comunidad internacional.

El Presidente tiene en sus manos una decisión política, acata la Resolución de la CIDH fundada en la Convención Americana o acata la decisión de un órgano administrativo que tiene competencias disciplinarias. Más que el jugador de Poker hoy Colombia requiere un defensor de los derechos políticos de las mayorías. Dudo que Juan Manuel Santos sea ese defensor.

Medellín, 19 de marzo de 2014

* Abogado y docente universitario

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