Segunda Opinión

Corte Penal no es la mejor vía
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EL VECINDARIO ha puesto a Colombia en una encrucijada. Las incursiones en territorio extranjero constituyen una violación a una norma fundamental que rige las relaciones entre los Estados: el respeto por la integridad territorial. Sin embargo, poco hay en el derecho internacional público para proteger a Colombia de Estados que colaboran con grupos armados ilegales. Por ejemplo, la Resolución 1373 del Consejo de Seguridad constituye el marco jurídico de la ONU para la lucha antiterrorista. A diferencia de todos los miembros de la Unión Europea, Estados Unidos, Canadá y Japón, Venezuela y Ecuador insisten en que las Farc no son terroristas y, por ende, la Resolución no es aplicable. La ONU no tiene una lista de organizaciones terroristas y ni siquiera ha logrado una definición de terrorismo. Por eso, la aplicación de la Resolución, que establece instrumentos de cooperación pero ninguno de sanción, reposa sobre la buena fe de sus miembros.

¿Qué hacer cuando no la hay?

El Gobierno colombiano respondió a ello: explorar cualquier mecanismo que le permita exponer su problemática en escenarios internacionales. No deben sorprender, entonces, las palabras de Álvaro Uribe: "Colombia se propone denunciar a Hugo Chávez ante la Corte Penal Internacional (CPI)." La anunciada demanda parece buscar un impacto político más que jurídico. No se trata de sentar jurisprudencia, se trata de decir "no más".

Tan contundente es el mensaje político como confuso el camino jurídico. La movida es osada, y mucho. Son múltiples los obstáculos para que la iniciativa legal llegue a buen término. Que Hugo Chávez sea un jefe de Estado en funciones es lo de menos: para la CPI, "el cargo oficial de una persona, sea Jefe de Estado o de Gobierno, no la eximirá en ningún caso de responsabilidad penal." La admisibilidad de la acción constituye el primer escollo. El Estatuto de Roma que crea la CPI establece su competencia como complementaria a la de las jurisdicciones penales nacionales. Ni aquí, ni en Venezuela se ha iniciado acción alguna contra el Presidente Chávez por los crímenes cometidos por las Farc.

Por otro lado, Colombia introdujo una salvedad de siete años para impedir el enjuiciamiento por crímenes de guerra que vence en agosto de 2009. Se pueden utilizar entonces los de lesa humanidad: asesinatos, desapariciones forzadas, torturas, secuestros. No obstante, si el Gobierno le apuesta en serio a la denuncia penal, es menester levantar ya la salvedad. De otra forma, costará explicar por qué no lo hace si es tan incuestionable el carácter terrorista de las Farc.

Tiempo al tiempo

El Gobierno no ha listado aun los crímenes por los cuales el Presidente venezolano será denunciado, pero Uribe ha mencionado "el patrocinio y el financiamiento de grupos genocidas". Es evidente que el genocidio deberá quedar por fuera: los crímenes atroces de las Farc no caben en su tipificación jurídica. El Estatuto de Roma recoge la definición de la Convención contra el Genocidio de 1948, que requiere "la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico o religioso como tal." En una ocasión, una ONG intentó obtener una decisión de un órgano internacional sobre la existencia de "genocidio político" pero no funcionó. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos no aceptó un caso contra el Estado colombiano por el genocidio de la Unión Patriótica como partido político; solo lo admitió por cada uno de los asesinatos cometidos contra sus dirigentes y militantes.

Claro está, la CPI no está obligada a respetar las decisiones o fallos de otros órganos internacionales. No obstante, es de esperar que utilice la jurisprudencia del Tribunal Internacional para la Antigua Yugoslavia y del Tribunal Internacional para Ruanda, dos cortes ad-hoc creadas por resoluciones del Consejo de Seguridad. Dada su reciente instauración, la CPI no tiene todavía su primera sentencia. Solo cuatro situaciones están siendo investigadas: República Democrática del Congo, Uganda, República Centro Africana y el Darfur sudanés. La CPI ha levantado cargos y ha emitido órdenes de captura, algunas ya ejecutadas, pero las tendencias jurídicas que se impondrán en su seno son aun interrogantes. No se sabe si los jueces de la CPI serán conservadores o audaces, o incluso cuán politizados o no podrán estar. Esta incógnita vuelve aun más atrevida la jugada colombiana.

El Estatuto sí contempla la complicidad. Debe responder ante la CPI el que "con el propósito de facilitar la comisión del crimen, sea cómplice o encubridor o colabore de algún modo en la comisión o la tentativa de comisión del crimen, incluso suministrando los medios para su comisión". Pero, ¿hay los elementos para probarlo? No está claro que los memos de un comandante a otro o los mensajes enviados al Gobierno venezolano constituyan prueba suficiente ante un órgano judicial. El acervo probatorio requerido por el Tribunal para la Antigua Yugoslavia es exigente y no se podrá esperar menos de la CPI. ¿Será que el presidente Uribe tiene aun oculto un as bajo la manga?

Todo apunta a que el Gobierno quiere ir más allá de la complicidad. El general Naranjo afirmó que existe una alianza armada entre las Farc y Venezuela contra Colombia. Cuidado: si la administración Uribe estuviera dispuesta a afirmar que Chávez tiene algo de control político y militar sobre las Farc, Colombia estaría entrando en un camino de no retorno. Según el caso Tadic de Yugoslavia, un conflicto interno se convierte en internacional cuando un Estado tiene "control político y militar a nivel general" sobre unas fuerzas irregulares de otro Estado. ¿Es eso lo que se quiere? ¿Sustentar que el conflicto ya es internacional y dar pie a aun más injerencia por fuera del control del Estado?

Colombia no puede permitir que el minuto de silencio de Hugo Chávez por Raúl Reyes sea olvidado por el mundo. Pero tal vez la CPI no sea la mejor vía para lograrlo. Toca dar tiempo al tiempo: los documentos de Reyes hablan por sí solos, no podrán ser ignorados por las instancias políticas internacionales y pronto la discusión en el ámbito interamericano se volteará sobre ellos.

POR LAURA GIL
analista internacional.
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