Estado tendría que indemnizar a violadores que aparecieron en muros de la infamia, opinan expertos
La Corte Constitucional, al fallar una acción de tutela, tumbó la medida, y ordenó al Icbf que suspenda los avisos que venía sacando en televisión sobre el mismo tema.
Aunque la tutela fallada por la Corte no contempla por sí misma indemnizaciones para los afectados, ex magistrados del tribunal aseguraron que los favorecidos con ella podrían acudir a un tribunal administrativo para buscar una reparación por los perjuicios que trajo la divulgación de su identidad.
Las polémicas vallas habían sido creadas por un acuerdo del Concejo de Bogotá en mayo pasado.
Con ponencia del magistrado Rodrigo Escobar Gil, su presidente, la Corte determinó que "afectan la dignidad, el buen nombre y la intimidad" de los violadores y, sobre todo, implican "una segunda victimización" del niño, pues "debe someterse a las dificultades provocadas por la confrontación permanente con la imagen del agresor".
La Corte es explícita en condenar los ataques contra los menores, pero advirtió que la mayoría de casos ocurre en casa y que la identificación pública del violador "somete a la víctima a una indeseable presión social que puede resultar muy traumática".
En la providencia no se mencionan los programas que el Bienestar Familiar, en cumplimiento de la nueva Ley de Infancia y Adolescencia, difunde semanalmente en la televisión nacional con los nombres y las fotos de violadores condenados. Sin embargo, explicó Escobar Gil, la decisión los cobija plenamente.
La caída de los 'muros de la infamia' ya se veía venir. En septiembre, la Corte Suprema le dio la razón a un preso que pedía no ser sometido al escarnio público por haber sido condenado antes de la expedición del acuerdo. En ese momento, la Sala Penal de la Corte Suprema dejó en claro que no estaba de acuerdo con la iniciativa, a pesar de que quienes la promueven aseguran que es un efectivo método de prevención de las violaciones.
Una mamá demandó el acuerdo
La Corte Constitucional analizó cinco tutelas. Cuatro eran de presos que aún no han salido en las vallas y una de la mamá de una víctima. Todas aseguraban que el acuerdo del Concejo de Bogotá afecta sus derechos a la intimidad personal y familiar y a la dignidad.
La madre acudió a la tutela para proteger los derechos de su hija y de su familia, pues fue ella la que demandó penalmente a su esposo por abuso.
Los magistrados no declararon inconstitucional el Acuerdo 280 de 2007, pues se concentraron en las implicaciones de difundir la identidad de los violadores. Sin embargo, sí consideran que la norma no se sustentó en estudios "serios" de efectividad.
Según la Corte, el acuerdo no podía constituirse en "una sanción adicional a la impuesta por el juez penal", pues un concejo municipal no tiene esas facultades. Además, considera que "hay incongruencia" entre el fin que se busca (la prevención de un riesgo) y el momento en el que se produce la divulgación.
"El riesgo que se quiere prevenir se materializa en el momento en que el sentenciado se reinserta en la sociedad" (es decir, cuando la persona sale de la cárcel y no cuando es condenado, que es cuando aparecen las vallas) -cuestiona la sentencia-. ¿Por cuánto tiempo se mantiene la memoria de la información divulgada?".
Aunque el tribunal aclara que no quiere formular alternativas, reseña la Ley Megan, aplicada en E.U., donde a los condenados por delitos sexuales los inscriben en un registro público con el fin de que los interesados puedan establecer qué personas con antecedentes viven en su zona.
Responde ponente del proyecto
Recolección de firmas para castigar con presión perpetua a violadores, anunció concejal Gilma Jiménez luego de conocer el fallo de la Corte.
Al referirse a los argumentos para tumbar la norma, Jiménez dijo que son "los violadores, los abusadores y en general los que tratan brutalmente a los niños, con sus propios hechos y actos de barbarie, quienes acaban con su dignidad, su buen nombre, su intimidad y la de toda su familia".
Dijo que se propone recoger las firmas para promover por referendo la a abolición del artículo 34 de la Constitución Nacional y así poder aprobar prisión perpetua para delincuentes que violen, asesinen, exploten sexualmente, secuestren y maltraten severamente a menores de 14 años.
Ese artículo prohíbe el destierro, prisión perpetua y confiscación en Colombia.
ANDRÉS GARIBELLO
REDACTOR DE EL TIEMPO
Aunque la tutela fallada por la Corte no contempla por sí misma indemnizaciones para los afectados, ex magistrados del tribunal aseguraron que los favorecidos con ella podrían acudir a un tribunal administrativo para buscar una reparación por los perjuicios que trajo la divulgación de su identidad.
Las polémicas vallas habían sido creadas por un acuerdo del Concejo de Bogotá en mayo pasado.
Con ponencia del magistrado Rodrigo Escobar Gil, su presidente, la Corte determinó que "afectan la dignidad, el buen nombre y la intimidad" de los violadores y, sobre todo, implican "una segunda victimización" del niño, pues "debe someterse a las dificultades provocadas por la confrontación permanente con la imagen del agresor".
La Corte es explícita en condenar los ataques contra los menores, pero advirtió que la mayoría de casos ocurre en casa y que la identificación pública del violador "somete a la víctima a una indeseable presión social que puede resultar muy traumática".
En la providencia no se mencionan los programas que el Bienestar Familiar, en cumplimiento de la nueva Ley de Infancia y Adolescencia, difunde semanalmente en la televisión nacional con los nombres y las fotos de violadores condenados. Sin embargo, explicó Escobar Gil, la decisión los cobija plenamente.
La caída de los 'muros de la infamia' ya se veía venir. En septiembre, la Corte Suprema le dio la razón a un preso que pedía no ser sometido al escarnio público por haber sido condenado antes de la expedición del acuerdo. En ese momento, la Sala Penal de la Corte Suprema dejó en claro que no estaba de acuerdo con la iniciativa, a pesar de que quienes la promueven aseguran que es un efectivo método de prevención de las violaciones.
Una mamá demandó el acuerdo
La Corte Constitucional analizó cinco tutelas. Cuatro eran de presos que aún no han salido en las vallas y una de la mamá de una víctima. Todas aseguraban que el acuerdo del Concejo de Bogotá afecta sus derechos a la intimidad personal y familiar y a la dignidad.
La madre acudió a la tutela para proteger los derechos de su hija y de su familia, pues fue ella la que demandó penalmente a su esposo por abuso.
Los magistrados no declararon inconstitucional el Acuerdo 280 de 2007, pues se concentraron en las implicaciones de difundir la identidad de los violadores. Sin embargo, sí consideran que la norma no se sustentó en estudios "serios" de efectividad.
Según la Corte, el acuerdo no podía constituirse en "una sanción adicional a la impuesta por el juez penal", pues un concejo municipal no tiene esas facultades. Además, considera que "hay incongruencia" entre el fin que se busca (la prevención de un riesgo) y el momento en el que se produce la divulgación.
"El riesgo que se quiere prevenir se materializa en el momento en que el sentenciado se reinserta en la sociedad" (es decir, cuando la persona sale de la cárcel y no cuando es condenado, que es cuando aparecen las vallas) -cuestiona la sentencia-. ¿Por cuánto tiempo se mantiene la memoria de la información divulgada?".
Aunque el tribunal aclara que no quiere formular alternativas, reseña la Ley Megan, aplicada en E.U., donde a los condenados por delitos sexuales los inscriben en un registro público con el fin de que los interesados puedan establecer qué personas con antecedentes viven en su zona.
Responde ponente del proyecto
Recolección de firmas para castigar con presión perpetua a violadores, anunció concejal Gilma Jiménez luego de conocer el fallo de la Corte.
Al referirse a los argumentos para tumbar la norma, Jiménez dijo que son "los violadores, los abusadores y en general los que tratan brutalmente a los niños, con sus propios hechos y actos de barbarie, quienes acaban con su dignidad, su buen nombre, su intimidad y la de toda su familia".
Dijo que se propone recoger las firmas para promover por referendo la a abolición del artículo 34 de la Constitución Nacional y así poder aprobar prisión perpetua para delincuentes que violen, asesinen, exploten sexualmente, secuestren y maltraten severamente a menores de 14 años.
Ese artículo prohíbe el destierro, prisión perpetua y confiscación en Colombia.
ANDRÉS GARIBELLO
REDACTOR DE EL TIEMPO
No hay comentarios.:
Publicar un comentario