"Muros de la infamia son inconstitucionales"
Juan Manuel Charry
CAMBIO: ¿Qué opinión le merecen los llamados muros de la infamia que aprobó el Concejo de Bogotá para exponer fotos y nombres de los abusadores sexuales de niños?
JUAN MANUEL CHARRY: Me parecen un ejercicio abusivo de la información pública, emanada de una sentencia condenatoria, que puede afectar la imagen de quien ha sido condenado por abuso sexual contra un menor e incluso propiciar actos de agresión contra esas personas condenadas. Creo que no son disuasivos del delito.
¿Por qué constituyen un ejercicio abusivo?
En mi opinión, la medida es desproporcionada y carece de elementos de racionalidad. En otras palabras, contempla una sanción adicional para el infractor de la ley penal.
Pero para la sociedad los violadores y abusadores de menores están entre los peores criminales.
Estamos de acuerdo, pero así no nos guste el delincuente también tiene derechos como cualquier persona y se supone que con el pago de la condena queda en condiciones de normalidad para reinsertarse a la sociedad. No podemos olvidar que el principio de las condenas a prisión es resocializar y educar.
Los defensores de esos muros de la infamia insisten en que los violadores generalmente reinciden en el delito, como es el caso de Luis Eduardo Garavito.
Ese argumento no es cierto y es generalizador porque cada caso es diferente. No todo el que abusa sexualmente de un niño es un enfermo mental. Pero, además, si la persona que comete ese delito es enferma, lo que debe hacer el Estado es tomar otras medidas, como darle asistencia psiquiátrica y trasladarla a un sitio especial para su tratamiento.
¿Los muros de la infamia se ajustan a la Constitución?
Definitivamente no. Varias razones hacen inconstitucional ese proyecto de acuerdo. En primer lugar, constituye un desvío de poder, pues el Concejo de Bogotá no tiene competencia para dictar ese tipo de medidas. En segundo lugar, la medida está falsamente motivada: so pretexto de defender los derechos de los niños, atenta contra los derechos de otras personas.
Pero la Constitución dice que los derechos de los niños son prevalentes.
Sí, los niños tienen mayores derechos que el resto de la comunidad y los delitos en su contra son repudiables y abominables, pero eso no significa que las demás personas pierdan los suyos. Además, publicar la foto de un delincuente no garantiza los derechos de la niñez.
¿Entonces, cuáles medidas serían efectivas para proteger a los niños?
Medidas preventivas y no retaliatorias. Los padres, los profesores y la comunidad en general deben tener claro conocimiento de la vulnerabilidad de los niños y, sobre todo, prestarles atención y motivarlos a no quedarse callados, pues en la mayoría de los casos los abusadores sexuales pertenecen al entorno familiar.
¿Por qué dice que esos muros son una medida de retaliación?
Porque imponen una segunda sanción a la condena penal y por un mismo delito no puede haber doble pena. Están inspirados en una filosofía revanchista, de exclusión, de rechazo y de escarnio que puede llevar a que una persona que vea la foto de una de esas personas pueda llenarse de ira y atentar incluso contra la integridad física del que aparece identificado en el muro. Para vengar un delito puede llegar a cometerse otro.
¿A qué atribuye la tendencia a aumentar penas y sanciones para quienes cometen delitos contra los niños?
A la falta de una verdadera política criminal que hace que cada cierto tiempo alguien proponga, por ejemplo, reformar la Constitución para habilitar la pena de muerte o que, de afán, haga caso coyuntural del clamor ciudadano.
¿Cree que algo de ese afán puede mezclarse con intereses electorales?
Hay cierto deseo del legislador por acertar frente a la aceptación pública, pero pueden cometerse injusticias. En este caso, siempre será muy popular sancionar a violadores de niños.
¿QUIÉN ES?
Nacimiento: Bogotá, 1959.
Estudios: abogado del Rosario, especialista en Derecho Constitucional y Ciencia Política del Centro de Estudios Constitucionales de Madrid, España.
Cargos: procurador auxiliar, miembro de la Comisión Especial Legislativa o Congresito, asesor de la Constituyente, defensor del lector de El Espectador, decano de Jurisprudencia del Rosario.
Libros: autor de Acción de tutela y Derecho Comparado y de Excepción de inconstitucionalidad, entre otros.
Pasatiempos: música, golf y lectura.
JUAN MANUEL CHARRY: Me parecen un ejercicio abusivo de la información pública, emanada de una sentencia condenatoria, que puede afectar la imagen de quien ha sido condenado por abuso sexual contra un menor e incluso propiciar actos de agresión contra esas personas condenadas. Creo que no son disuasivos del delito.
¿Por qué constituyen un ejercicio abusivo?
En mi opinión, la medida es desproporcionada y carece de elementos de racionalidad. En otras palabras, contempla una sanción adicional para el infractor de la ley penal.
Pero para la sociedad los violadores y abusadores de menores están entre los peores criminales.
Estamos de acuerdo, pero así no nos guste el delincuente también tiene derechos como cualquier persona y se supone que con el pago de la condena queda en condiciones de normalidad para reinsertarse a la sociedad. No podemos olvidar que el principio de las condenas a prisión es resocializar y educar.
Los defensores de esos muros de la infamia insisten en que los violadores generalmente reinciden en el delito, como es el caso de Luis Eduardo Garavito.
Ese argumento no es cierto y es generalizador porque cada caso es diferente. No todo el que abusa sexualmente de un niño es un enfermo mental. Pero, además, si la persona que comete ese delito es enferma, lo que debe hacer el Estado es tomar otras medidas, como darle asistencia psiquiátrica y trasladarla a un sitio especial para su tratamiento.
¿Los muros de la infamia se ajustan a la Constitución?
Definitivamente no. Varias razones hacen inconstitucional ese proyecto de acuerdo. En primer lugar, constituye un desvío de poder, pues el Concejo de Bogotá no tiene competencia para dictar ese tipo de medidas. En segundo lugar, la medida está falsamente motivada: so pretexto de defender los derechos de los niños, atenta contra los derechos de otras personas.
Pero la Constitución dice que los derechos de los niños son prevalentes.
Sí, los niños tienen mayores derechos que el resto de la comunidad y los delitos en su contra son repudiables y abominables, pero eso no significa que las demás personas pierdan los suyos. Además, publicar la foto de un delincuente no garantiza los derechos de la niñez.
¿Entonces, cuáles medidas serían efectivas para proteger a los niños?
Medidas preventivas y no retaliatorias. Los padres, los profesores y la comunidad en general deben tener claro conocimiento de la vulnerabilidad de los niños y, sobre todo, prestarles atención y motivarlos a no quedarse callados, pues en la mayoría de los casos los abusadores sexuales pertenecen al entorno familiar.
¿Por qué dice que esos muros son una medida de retaliación?
Porque imponen una segunda sanción a la condena penal y por un mismo delito no puede haber doble pena. Están inspirados en una filosofía revanchista, de exclusión, de rechazo y de escarnio que puede llevar a que una persona que vea la foto de una de esas personas pueda llenarse de ira y atentar incluso contra la integridad física del que aparece identificado en el muro. Para vengar un delito puede llegar a cometerse otro.
¿A qué atribuye la tendencia a aumentar penas y sanciones para quienes cometen delitos contra los niños?
A la falta de una verdadera política criminal que hace que cada cierto tiempo alguien proponga, por ejemplo, reformar la Constitución para habilitar la pena de muerte o que, de afán, haga caso coyuntural del clamor ciudadano.
¿Cree que algo de ese afán puede mezclarse con intereses electorales?
Hay cierto deseo del legislador por acertar frente a la aceptación pública, pero pueden cometerse injusticias. En este caso, siempre será muy popular sancionar a violadores de niños.
¿QUIÉN ES?
Nacimiento: Bogotá, 1959.
Estudios: abogado del Rosario, especialista en Derecho Constitucional y Ciencia Política del Centro de Estudios Constitucionales de Madrid, España.
Cargos: procurador auxiliar, miembro de la Comisión Especial Legislativa o Congresito, asesor de la Constituyente, defensor del lector de El Espectador, decano de Jurisprudencia del Rosario.
Libros: autor de Acción de tutela y Derecho Comparado y de Excepción de inconstitucionalidad, entre otros.
Pasatiempos: música, golf y lectura.
Tomado de la Revista Cambio, 13-05-2007
1 comentario:
Infamias, muros, pesadillas
Junio 29 de 2007 - ¿EXCESO O NECESIDAD?
Por
Mario Gómez
¿Por qué se genera tanta angustia con un muro que publica las fotos de los que delinquen contra la infancia?
Ogros, duendes y brujas existen. No tengamos duda de ello. Sus acciones lesionan con particular énfasis a la niñez colombiana. Por ello, nada más absurdo que argumentar que la publicación de los nombres y rostros de aquellos que han optado por comportamientos criminales contra niñas y niños, mediante abuso y explotación sexual cometidos y debidamente sancionados por una sentencia penal, afecta sus derechos al buen nombre y a la honra.
La decisión judicial que los declara delincuentes lo hace en razón de su accionar. Son ellos los que obran en contra de su propia y penosa reputación. No hay buen nombre si las actividades humanas no siguen conductas leales con la ley.
Igualmente, no es posible concluir que con estas medidas, derivadas del Código de la Infancia y la Adolescencia, se vulnera el derecho a la intimidad de estas personas, pues sus actuaciones criminales y las decisiones judiciales que a estas corresponden trascienden su fuero personal inexpugnable y se ubican en la esfera del control y la sanción social, fines ineludibles de las sentencias en la materia.
El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, acogido por Colombia, señala que las audiencias y decisiones jurisdiccionales son públicas por la transparencia que debe existir en todo proceso penal y ante la necesidad del mencionado control ciudadano que la comunidad política debe ejercer sobre la criminalidad que se ensaña contra todos y, en especial, sobre la que es lesiva con los derechos fundamentales de niñas y niños que, valga repetirlo una vez más, prevalecen sobre los demás por mandato constitucional.
Tampoco se configura una doble sanción con tal difusión, ni con el muro que la prevé. Las decisiones judiciales, se reitera, son públicas y comunicarlas a la sociedad es expresión de tal característica. Si la prensa, en virtud del derecho a la información, tiene acceso a lo escrito en cada sentencia y en razón de la globalización noticiosa revistas y emisoras, periódicos y telediarios comentan acá y en Girardot, Lisboa, París, Tanzania o Chigorodó lo que hacen transgresores de gran factura y abusadores en todo el planeta, ¿por qué se genera tanta angustia con la existencia de un muro que, como es obvio, no goza de la misma cobertura que tienen los medios masivos y publica las fotos de aquellos que en estas tierras delinquen contra la infancia?
En tiempos de verdad, justicia y reparación, bien cabría anotar que algunos de los viejos campos de concentración del régimen nazi se han convertido en museos en Europa para recordar la atrocidad de los victimarios y conmemorar a las víctimas, con la pretensión de que estos hechos no se repitan, para repudiar la estupidez humana, para decir que ojalá en el futuro esto nunca más ocurra. Muchos de estos sitios, que se han pensado abrir en Argentina, con ocasión de las acciones de la última dictadura militar, llevan el nombre y el apellido de los responsables de las infracciones. Además, tales nombres se registran en todas las enciclopedias, en los programas periodísticos que se hacen sobre el tema, en el ciberespacio y en la vida de las víctimas que aún existen.
Desde que tenemos memoria se publican los rostros de los delincuentes de todo pelambre en televisión y prensa. En esos medios masivos están ladrones, estafadores, asesinos y mercenarios. La historia, al igual que a Frankenstein, a Drácula y a todos los dragones que efectivamente laceran niñas y niños y no son inventos ni puro cuento, les ha dado un lugar en la galería del horror a estos delincuentes. ¿Es, entonces, un muro un exceso?
* Director Social de la Fundación Restrepo Barco
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