Segunda Opinión

“Lo que hay que reformar es la política, no la justicia”

Por
Eduardo Cifuentes

El ex magistrado de la Corte Constitucional Eduardo Cifuentes, expone tres razones por las que esta en desacuerdo con el ante proyecto de Reforma a la Justicia que presentó el gobierno a las Altas Cortes.
Por César Paredes

El borrador de la reforma a la justicia ha generado rechazo entre varios congresistas, la Rama Judicial, juristas expertos y hasta en el mismo Procurador. En entrevista con Semana.com el ex magistrado de la Corte Constitucional y Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes, Eduardo Cifuentes, explicó por qué está en desacuerdo con el borrador del proyecto.

Primero, porque el sistema de cooptación produce prácticas clientelistas

El borrador del proyecto propone que el Presidente no sea quien presente las ternas para que el Congreso nombre los magistrados para el Consejo Superior de la Judicatura y la Corte Constitucional. Los magistrados serían nombrados mediante el sistema de cooptación, es decir, sería producto de un proceso de elección al interior de la rama judicial.

Para Cifuentes este sistema, que era como el que se utilizaba antes de la Constitución de 1991, “crea un club cerrado, que se auto perpetúa a través de sus sucesores y cierra la posibilidad de relevo a quienes no son allegados al círculo. Es antidemocrático y revive el clientelismo. Convierte a la Corte en un feudo de varios niveles: la cúpula, los magistrados de las Cortes; en el medio los magistrados de tribunal; y en la base, los jueces”.

Segundo, la creación de la doble instancia para los procesos de los congresistas no tiene por qué ser a través una reforma constitucional y se debe respetar la jerarquía de las instituciones.

La reforma propuesta por el gobierno incluye la doble instancia para los procesos judiciales de los congresistas. Así, tanto para los procesos penales como los disciplinarios, se separarán las funciones de investigación y de juzgamiento en distintas instancias.

Los fiscales delegados ante la Corte serían quienes investiguen a los congresistas, y éstos serán juzgados en primera instancia, para los casos penales, por el Tribunal Superior de Bogotá, y en segunda instancia en la Corte Suprema de Justicia. De esta forma cuando se les abran procesos judiciales, los congresistas ya no tendrán que renunciar a su curul pues de todos modos serán investigados por los fiscales y ya no por los magistrados de la Corte Suprema como sucede hoy. Para el caso de la pérdida de investidura, la primera instancia sería responsabilidad del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, y la segunda de la Sala Plena del Consejo de Estado.

Cifuentes argumentó que en la sentencia en que la Corte Constitucional pidió la separación de los procesos de investigación y juzgamiento de los congresistas, no se señaló que debía ser mediante una reforma constitucional, sino que se puede hacer mediante la simple aprobación de una Ley. “La sentencia considera constitucional que en el futuro se presente ese cambio (la separación de los procesos), pero eso se puede hacer con la simple reforma al Estatuto de Administración de la Justicia, que es una norma del código de procedimiento penal. El gobierno fue más allá de la sentencia de la Corte. No hay una urgencia evidente para el cambio, que sí puede traer consecuencias gravísimas”, explicó Cifuentes.

Sobre el hecho de que tribunales de menor grado sean los que juzguen en primera instancia a altos funcionarios, Cifuentes dijo que no “tiene armonía con la jerarquía y dignidad de las instituciones”, porque rompe con el equilibrio que mantiene los pesos y contrapesos. “La Corte Suprema es la llamada a juzgar a los congresistas, porque en el Estado de Derecho el legislativo debe ser juzgado por la cabeza máxima de la justicia. Los organismos máximos investigan a los organismos máximos. El hecho de que al cuerpo legislativo lo investigue un tribunal que no tiene la misma entidad, sino que está un escalón abajo en el Estado de Derecho, lastima el sistema de pesos y contrapesos y el alcance democrático”, agregó Cifuentes.

Tercero, “Coincido con la Suprema en que es totalmente inoportuno formular una reforma a la justicia cuando se adelante una investigación a buena parte del Congreso”

La Corte Suprema está investigando a 69, congresistas, de los cuales hay 31 detenidos, de la actual legislatura, por sus presuntos vínculos con grupos paramilitares. La Corte Suprema de Justicia, a través de un comunicado dijo que no participaría en el debate de la Reforma a la Justicia porque considera “inconveniente e inoportuno emprender en este momento histórico una reforma a la justicia, cuando la Corte Suprema adelanta investigaciones y juicios en contra de algunos congresistas, por el denominado proceso de la parapolítica”.

Cifuentes coincidió con la posición del Alto Tribunal. “Es necesario que el legislador, quien es el encargado de aprobar una reforma constitucional de tanta envergadura, esté dotado de legitimidad democrática. Ésta en este momento está en severo escrutinio. No creo que los colombianos vean al Congreso con suficiente legitimidad para hacer un cambio en la estructura del poder de tanto calado”, dijo Cifuentes.

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