A pesar de los fallos de las Altas Cortes, muchos funcionarios del Estado no están cumpliendo su deber en temas como el aborto y las parejas del mismo sexo.
Tras cinco meses de un embarazo con complicaciones, una ecografía detallada encontró que el feto de Yolima Beltrán tenía hidrocefalia, problemas cardíacos y asimetría entre sus órganos y sus extremidades. Ella y su esposo, Manuel Rodríguez, decidieron suspender el embarazo, pero el Hospital San Ignacio de Bogotá se negó a practicar el aborto. A finales de febrero el matrimonio interpuso una tutela contra el hospital y la EPS Compensar, por incumplir la sentencia de la Corte Constitucional que despenalizó parcialmente el aborto en este y otros casos especiales. La EPS tuvo que hallar otro centro médico para practicar la intervención y hacer valer el derecho de los Rodríguez.
Esa misma protección fue vulnerada a la niña cucuteña de 13 años que fue violada por su padrastro y que se vio obligada a tener el bebé debido a la negativa de clínicas y jueces de esa ciudad de interrumpirle el embarazo.
Estos y otros casos, como la polémica que desató la decisión del Invima de exigir fórmula médica para vender la 'pastilla del día después', han dejando claro que en Colombia, contrario a lo que todo el mundo cree, la que cojea no es la justicia sino el Estado y las instituciones encargadas de cumplir y hacer respetar los derechos de los colombianos.
En los últimos dos años, la Corte Constitucional ha tomado decisiones trascendentales, pero debido a la falta de capacitación de los funcionarios, del silencio administrativo y de los prejuicios religiosos, sociales o morales de los funcionarios y los médicos, estos derechos se están quedando en el papel. El caso más grave ha sido el del aborto. Dos años después de que la Corte lo despenalizó en tres eventos específicos, la Procuraduría General denunció hace pocas semanas las irregularidades más comunes que les han impedido a muchas mujeres el ejercicio libre de este derecho, como ha sido la insistencia de muchas EPS e instituciones médicas a negarse a practicar el aborto.
El entorpecimiento de estos nuevos derechos también se ha visto en el fallo de la Corte Constitucional en el que reconoció los derechos patrimoniales a las parejas del mismo sexo. En estos casos, en los que las sentencias son de obligatorio cumplimiento, se requirió tutelar y pedirles al Ministerio del Interior, a la Superintendencia de Notariado y al Consejo Superior de la Judicatura expedir circulares para explicar y ordenar el cumplimiento del fallo, algo que no ha ocurrido con las demás sentencias. "La Corte ha cumplido al darles más derechos a las personas del mismo sexo y al despenalizar el aborto, pero el Estado debe hacerlos cumplir capacitando, educando y formando a los funcionarios responsables", dijo Marcela Sánchez, directora de la ONG Colombia Diversa.
La semana pasada quedaron en evidencia estas trabas cuando el Consejo de Estado rechazó la petición de un ciudadano de cancelar la resolución del Invima que permitió la venta en Colombia de la 'pastilla del día después', por considerar que era una píldora abortiva. El fallo determinó que el levonorgestrel, del que se vendieron 1'250.000 dosis el año pasado, era un método anticonceptivo y no abortivo.
Pero al día siguiente, el Invima dijo que, tal y como se estaba haciendo, se debía vender bajo fórmula médica lo que, además de ser una burla al fallo del Consejo de Estado, crea una barrera de acceso, pues se considera un método anticonceptivo de emergencia en el que no se puede esperar. Es como si para comprar un condón también se necesitara receta. "Todas esas barreras que crean entidades, funcionarios o representantes del sector médico aparecen no por falta de conocimiento de los fallos, sino porque ellos quieren imponer su ideología, sus prejuicios, su concepción del mundo", dijo Mónica Roa, directora de programas de Women´s Link Worldwide, quien lideró la despenalización del aborto en Colombia.
Es imperioso que el Estado y sus funcionarios, sin importar que compartan o no las decisiones de las altas Cortes, hagan valer los derechos de los colombianos, más aun en aquellos casos que están cambiando los conceptos conservadores y los tabúes que se tienen sobre muchos temas, especialmente en los relacionados con la salud sexual y reproductiva.
Semana.com ©2000.
Todos los derechos reservados.
Esa misma protección fue vulnerada a la niña cucuteña de 13 años que fue violada por su padrastro y que se vio obligada a tener el bebé debido a la negativa de clínicas y jueces de esa ciudad de interrumpirle el embarazo.
Estos y otros casos, como la polémica que desató la decisión del Invima de exigir fórmula médica para vender la 'pastilla del día después', han dejando claro que en Colombia, contrario a lo que todo el mundo cree, la que cojea no es la justicia sino el Estado y las instituciones encargadas de cumplir y hacer respetar los derechos de los colombianos.
En los últimos dos años, la Corte Constitucional ha tomado decisiones trascendentales, pero debido a la falta de capacitación de los funcionarios, del silencio administrativo y de los prejuicios religiosos, sociales o morales de los funcionarios y los médicos, estos derechos se están quedando en el papel. El caso más grave ha sido el del aborto. Dos años después de que la Corte lo despenalizó en tres eventos específicos, la Procuraduría General denunció hace pocas semanas las irregularidades más comunes que les han impedido a muchas mujeres el ejercicio libre de este derecho, como ha sido la insistencia de muchas EPS e instituciones médicas a negarse a practicar el aborto.
El entorpecimiento de estos nuevos derechos también se ha visto en el fallo de la Corte Constitucional en el que reconoció los derechos patrimoniales a las parejas del mismo sexo. En estos casos, en los que las sentencias son de obligatorio cumplimiento, se requirió tutelar y pedirles al Ministerio del Interior, a la Superintendencia de Notariado y al Consejo Superior de la Judicatura expedir circulares para explicar y ordenar el cumplimiento del fallo, algo que no ha ocurrido con las demás sentencias. "La Corte ha cumplido al darles más derechos a las personas del mismo sexo y al despenalizar el aborto, pero el Estado debe hacerlos cumplir capacitando, educando y formando a los funcionarios responsables", dijo Marcela Sánchez, directora de la ONG Colombia Diversa.
La semana pasada quedaron en evidencia estas trabas cuando el Consejo de Estado rechazó la petición de un ciudadano de cancelar la resolución del Invima que permitió la venta en Colombia de la 'pastilla del día después', por considerar que era una píldora abortiva. El fallo determinó que el levonorgestrel, del que se vendieron 1'250.000 dosis el año pasado, era un método anticonceptivo y no abortivo.
Pero al día siguiente, el Invima dijo que, tal y como se estaba haciendo, se debía vender bajo fórmula médica lo que, además de ser una burla al fallo del Consejo de Estado, crea una barrera de acceso, pues se considera un método anticonceptivo de emergencia en el que no se puede esperar. Es como si para comprar un condón también se necesitara receta. "Todas esas barreras que crean entidades, funcionarios o representantes del sector médico aparecen no por falta de conocimiento de los fallos, sino porque ellos quieren imponer su ideología, sus prejuicios, su concepción del mundo", dijo Mónica Roa, directora de programas de Women´s Link Worldwide, quien lideró la despenalización del aborto en Colombia.
Es imperioso que el Estado y sus funcionarios, sin importar que compartan o no las decisiones de las altas Cortes, hagan valer los derechos de los colombianos, más aun en aquellos casos que están cambiando los conceptos conservadores y los tabúes que se tienen sobre muchos temas, especialmente en los relacionados con la salud sexual y reproductiva.
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