Opinio Juris Nro. 48

Tomar en serio las políticas públicas Por LUISA FERNANDA CANO BLANDÓN1 Cuando en cualquier escenario político o académico se habla de políticas públicas, es innegable que se produce una sensación de conocimiento, prestigio, novedad y, en todo caso, se presume que se trata de “algo” bastante interesante que parece ser la solución a muchos problemas y que amerita –por lo menos- tomarse unos segundos digitando el término en un buscador para “entrar en la onda” de las políticas públicas. No deja de sorprender, sin embargo, el abuso y ligereza con que se utiliza el término en nuestro medio, lo que enciende alarmas sobre la necesidad de delimitar y conocer qué son las políticas públicas y a qué se debe su reciente auge. En los debates televisivos que se llevan a cabo por esta época entre los candidatos a cargos de elección popular en el país, es frecuente encontrar referencias de distinto orden a la política pública. Todos, en alguna medida la mencionan… que si política pública para salud, para movilidad, para cultura, en fin, para todo problema “sonado” y conocido se promete la planeación o formulación de una política. Y es que lo atractivo y novedoso del concepto parece provenir de su connotación positiva intrínseca, puesto que se ha generado la idea a nivel nacional y, particularmente local, de que las políticas públicas sí logran materializarse, a diferencia de las normas que se quedan en el papel. Congresistas, ministros, asesores, líderes comunitarios, periodistas, organizaciones sociales, académicos…todos coincidimos en que un discurso político serio es tal si y solo si concluye con la evidente necesidad de prescribir una política pública que contrarreste los efectos de los problemas sociales. Pero, ¿qué son las políticas públicas? O mejor, ¿qué estamos entendiendo en el país y en la ciudad por tales? ¿Alguna vez hemos tenido una? Es más, ¿habrá claridad en cuanto a la diferencia entre una política pública, un decreto municipal o una ley nacional? ¿Cuál es la relación entre una política pública y un plan de desarrollo? ¿La actuación de una organización no gubernamental para contrarrestar el problema público que constituye la corrupción, será una política pública? ¿El “convite” que se arma para pavimentar una vía pública en un barrio de Medellín, constituye una política pública? En otras palabras, ¿hay políticas públicas sin Estado? Y viceversa, ¿hay políticas públicas sin sociedad civil? No cabe duda de que la aparente novedad del concepto exige responsabilidad en el manejo del término. No todo lo que hacen los gobiernos son políticas públicas ni cualquier persona (a priori) puede determinar qué es una política pública. Las políticas públicas son, ante todo, una construcción documentada de las acciones públicas en determinadas materias, es decir, el resultado de un trabajo investigativo con respaldo teórico. Pocas veces los gobiernos tienen documentos donde reúnan todos los programas que constituyen una política en determinada materia y, en caso de que tal documento exista, es posible que no de cuenta de todas y cada una de las acciones públicas que buscan solucionar el problema colectivo de que se trate. El surgimiento del concepto se remite a la crisis del modelo de Estado de Bienestar puesto que el crecimiento desmedido del Estado, el déficit fiscal y la falta de respuesta a la satisfacción de las necesidades materiales de la población por medio de los llamados derechos sociales, evidenció el requerimiento urgente de acotar, racionalizar y focalizar la acción gubernamental, partiendo de una realidad económica concreta dominada por la escasez y la limitación de poder y de recursos. Se impuso entonces la necesidad de un gobierno ilustrado, basado y cuestionado por la razón, idea sobre la cual se fundó la propuesta de Harold Laswell en 1951 que buscaba articular la ciencia a la democracia, es decir, se buscaba que el conocimiento fuera utilizable por los gobiernos, que la razón y no la pasión fuera la que determinara el destino de una nación. En palabras de Merriam, “a menos que se incorporen a las operaciones de gobierno mayores dosis y niveles de ciencia, la civilización corre el peligro del capricho, la ignorancia y la pasión.”2 Lo que se propone, en últimas, es gobernar por policy (políticas públicas) y no por politics (actividad política). Desde entonces, el concepto de políticas públicas ha sido replanteado y se encuentra en permanente debate, particularmente desde la crítica al tecnicismo de su lenguaje y desde la necesidad de incorporar el consenso político en su definición. Entendemos entonces la política pública como una concatenación de acciones y decisiones intencionalmente coherentes y racionalmente focalizadas, tomadas por actores públicos (que no sólo estatales) y eventualmente privados, con el fin de resolver un problema social definido como público en la arena política, utilizando para ello recursos técnicos, humanos, físicos y económicos de distinta naturaleza. Su fin, en últimas, es el mismo que tiene cualquier norma, ordenar conductas y generar acciones para garantizar derechos; la diferencia es que la política pública es un concepto más amplio que la norma; de hecho puede incluirla pero, sin duda, una política no se agota en una ley ni depende de su existencia; en eso estriba su valor, en generar una movilización de actores y recursos para dar solución a problemas colectivos comprometiendo en ello a toda la sociedad y no exclusivamente al Estado. En este sentido, otro punto importante frente al elemento amorfo que hoy constituyen las políticas públicas es la poca claridad que existe en cuanto a quién es el responsable directo y final de su desarrollo… ¿Son lo mismo políticas de Estado que políticas públicas o políticas gubernamentales? ¿De qué hablan las empresas cuando dicen que tienen una “política de atención al cliente” o “prácticas de buen gobierno”? Sin lugar a dudas cada expresión tiene connotaciones diferentes, lo que es clave dejar dicho aquí es que el artículo 2 de la Constitución Política de Colombia señala como fin esencial del Estado promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los derechos constitucionales, lo cual hace censurable la imperceptible y sagaz retirada de las instituciones estatales de la esfera pública, cargándole la garantía de los derechos constitucionales a actores sociales y privados. Así las cosas, no todo es política pública ni todas las políticas son públicas. En ellas deben estar involucrados el Estado y la sociedad con sus distintos recursos e intereses, pues sólo así es posible generar una red de actores para superar los abundantes y complejos problemas que enfrentan, en general, las sociedades latinoamericanas; problemas que aparecen con mayor visibilidad en el ámbito de las ciudades. Organizaciones no gubernamentales, empresa privada, ciudadanos y gobiernos locales, debemos emprender entonces una empresa conjunta para tomarnos en serio las políticas públicas. La tarea comienza por definir qué es lo público. Y claro está, no se trata de acudir a un discurso de solidaridad y cooperación, puesto que no estamos hablando de ser solidarios y cooperar con la implementación de determinada política; estamos hablando, en cambio, de comprender la dimensión pública que tiene cada individuo en un Estado Social y Democrático de Derecho, dimensión que es distinta a la política y que nos debe llevar a preguntarnos qué rol estamos asumiendo frente a las políticas públicas que se generan en la ciudad y en el país. El principal riesgo que corren las políticas públicas en la actualidad es convertirse en el nuevo caballito de batalla de la escena política y en un concepto banal y trivializado. Las promesas de campaña han tomado forma de políticas públicas y esto, sin más, es desconocer que éstas nacen, se formulan, se ejecutan y se evalúan en la esfera pública y no a las dos de la mañana detrás del escritorio de un desesperado asesor de campaña. Es tiempo de demostrar qué tanta cultura ciudadana se ha generado en esta ciudad, la que no consiste solamente en “dejar salir antes de entrar” al metro sino, además, en reclamar el sentido público de las políticas públicas y en comprender el concepto como una oportunidad para participar en los procesos de decisión política. Procesos que por muchos años se han mantenido al margen de la intervención ciudadana, generando políticas gubernamentales impertinentes ante las verdaderas problemáticas y necesidades sociales. En este sentido, un riesgo adicional de las políticas públicas es el uso permisivo, abusivo y equívoco del término para señalar como políticas públicas cuestiones que no lo son, con el fin de revestir de legitimidad democrática actuaciones unilaterales y acomodadas de los gobiernos pese a que dichas actuaciones no se hayan generado, en la práctica, en el espacio público sino en el reducido y limitado espacio gubernamental. La única manera de gobernar sistemas sociopolíticos dinámicos, diversos y complejos de un modo democrático y efectivo es incorporar el dinamismo, la diversidad y la complejidad en la gobernación de nuestras sociedades.3 Lo lamentable, entonces, es que en una democracia estemos diseñando e implementando políticas públicas en el espacio estatal o gubernamental y no en el espacio público, es decir, a espaldas de los ciudadanos y destinatarios de las mismas, que además somos y debemos ser los protagonistas de las políticas, los que debemos, de manera urgente, comenzar a tomar en serio las políticas públicas. NOTAS 1 Profesora de políticas públicas. Grupo de Investigación en Gobierno y Asuntos Públicos. Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. luisa@derecho.udea.edu.co 2 AGUILAR VILLANUEVA, Luis F. (1992). “Estudio Introductorio.” EN: El estudio de las políticas públicas, México: Miguel Ángel Porrúa, p. 45. 3 KOOIMAN, Jan (2000). “Societal governance: levels, models and orders of social-political interaction.” EN: Jon Pierre (ed.), Debating Governance. Authority, Steering and Democracy, N.Y: Oxford University Press, p. 140.