Por
Fernando Quiroz
Tomado de Cambio
Esta semana se empezó a debatir en la Cámara de Representantes el polémico proyecto para reglamentar la eutanasia en Colombia. Llega tarde, pero llega, al fin. Hace diez años, cuando la Corte Constitucional despenalizó esta práctica, le pidió al Congreso ocuparse del tema. Pero ya parecía que nuestros legisladores pretendían darle de su propia medicina a tan importante asunto y aplicarle la eutanasia pasiva.
Tal vez andaban muy ocupados en otros frentes y fueron posponiendo sin piedad este debate fundamental que a todos atañe. Seguramente pensaban que, al fin y al cabo, quienes más necesitan que se haga claridad sobre el tema llevan mucho tiempo padeciendo una vida vegetativa, conectados a máquinas que prolongan su existencia de manera artificial, y ya no tienen la oportunidad de pronunciarse al respecto. Aunque sí lo han hecho, y con insistencia, entidades tan respetables como la Fundación Pro Derecho a Morir Dignamente, que ha estudiado la materia con juicio y dedicación.
El tema es fascinante, y ojalá encuentre en el Congreso cabezas privilegiadas como las que lo enfrentaron y lo analizaron hace una década en la Corte Constitucional. Cabezas que, para empezar, logren despejar las telarañas que han ido tejiendo en torno al asunto ciertas religiones que suelen limitar las discusiones a la comisión o no de un pecado, y puedan llegar a la esencia de un tema que está por encima de cualquier credo.
No pueden imponernos sus creencias a quienes no las compartimos, ni mucho menos acudir a los principios de su fe a la hora de legislar, en una nación que respeta la libertad de cultos y que dice reconocer y proteger la diversidad cultural. Por supuesto, tampoco podríamos quienes estamos a favor de la eutanasia obligar a otro a realizarla.
Y en este punto debería estar una de las claves del debate: legislar a favor de la eutanasia no significa imponer su práctica, así como a nadie se le obliga a abortar ni a consumir marihuana por el hecho de contar con instrumentos legales para hacerlo en determinadas circunstancias. Tampoco se le impone a ningún ciudadano jugar al fútbol o asistir a obras de teatro aunque insistentemente se promueva el desarrollo de condiciones favorables para la práctica del deporte o el ejercicio de actividades culturales.
La práctica de la eutanasia debe ser una decisión libre y autónoma de un individuo o de su familia. Al acudir a ella no afecta a la comunidad ni pone en peligro el bien común.
Vale la pena, en este punto, repasar uno de los argumentos expuestos por Carlos Gaviria Díaz, magistrado ponente del proyecto de sentencia a partir del cual la Corte Constitucional despenalizó la eutanasia en 1997: “La vida es un derecho al que el individuo puede renunciar, cuando las circunstancias que la rodean no la hacen deseable ni digna de vivir, verbigracia, cuando los intensos sufrimientos físicos que la persona padece no tienen posibilidades reales de alivio, o cuando sus condiciones de existencia son tan precarias, que lo pueden llevar a ver en la muerte una opción preferible a la sobrevivencia”. Vivir es un derecho y no un deber de las personas, decía entonces el constitucionalista.
Ojalá se impongan el derecho y la lógica en el debate que apenas comienza, y no los fanatismos religiosos ni los argumentos acomodados en nombre de la moral. Por cierto, la Real Academia Española dice que la moral no concierne al orden jurídico sino al fuero interno. Y este debate, precisamente, atañe al derecho. Es decir, a lo jurídico. La decisión de acudir a la eutanasia, en cambio, es una opción personal.
Tal vez andaban muy ocupados en otros frentes y fueron posponiendo sin piedad este debate fundamental que a todos atañe. Seguramente pensaban que, al fin y al cabo, quienes más necesitan que se haga claridad sobre el tema llevan mucho tiempo padeciendo una vida vegetativa, conectados a máquinas que prolongan su existencia de manera artificial, y ya no tienen la oportunidad de pronunciarse al respecto. Aunque sí lo han hecho, y con insistencia, entidades tan respetables como la Fundación Pro Derecho a Morir Dignamente, que ha estudiado la materia con juicio y dedicación.
El tema es fascinante, y ojalá encuentre en el Congreso cabezas privilegiadas como las que lo enfrentaron y lo analizaron hace una década en la Corte Constitucional. Cabezas que, para empezar, logren despejar las telarañas que han ido tejiendo en torno al asunto ciertas religiones que suelen limitar las discusiones a la comisión o no de un pecado, y puedan llegar a la esencia de un tema que está por encima de cualquier credo.
No pueden imponernos sus creencias a quienes no las compartimos, ni mucho menos acudir a los principios de su fe a la hora de legislar, en una nación que respeta la libertad de cultos y que dice reconocer y proteger la diversidad cultural. Por supuesto, tampoco podríamos quienes estamos a favor de la eutanasia obligar a otro a realizarla.
Y en este punto debería estar una de las claves del debate: legislar a favor de la eutanasia no significa imponer su práctica, así como a nadie se le obliga a abortar ni a consumir marihuana por el hecho de contar con instrumentos legales para hacerlo en determinadas circunstancias. Tampoco se le impone a ningún ciudadano jugar al fútbol o asistir a obras de teatro aunque insistentemente se promueva el desarrollo de condiciones favorables para la práctica del deporte o el ejercicio de actividades culturales.
La práctica de la eutanasia debe ser una decisión libre y autónoma de un individuo o de su familia. Al acudir a ella no afecta a la comunidad ni pone en peligro el bien común.
Vale la pena, en este punto, repasar uno de los argumentos expuestos por Carlos Gaviria Díaz, magistrado ponente del proyecto de sentencia a partir del cual la Corte Constitucional despenalizó la eutanasia en 1997: “La vida es un derecho al que el individuo puede renunciar, cuando las circunstancias que la rodean no la hacen deseable ni digna de vivir, verbigracia, cuando los intensos sufrimientos físicos que la persona padece no tienen posibilidades reales de alivio, o cuando sus condiciones de existencia son tan precarias, que lo pueden llevar a ver en la muerte una opción preferible a la sobrevivencia”. Vivir es un derecho y no un deber de las personas, decía entonces el constitucionalista.
Ojalá se impongan el derecho y la lógica en el debate que apenas comienza, y no los fanatismos religiosos ni los argumentos acomodados en nombre de la moral. Por cierto, la Real Academia Española dice que la moral no concierne al orden jurídico sino al fuero interno. Y este debate, precisamente, atañe al derecho. Es decir, a lo jurídico. La decisión de acudir a la eutanasia, en cambio, es una opción personal.
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