Hasta donde alcanza mi memoria, es ésta la primera vez que un Presidente se enfrenta a la Rama Judicial porque le parece demasiado dura una sentencia. Hasta ahora, la crítica presidencial no se había ejercitado para sacar a unos delincuentes de la cárcel, sino para meterlos en ella.
Humberto de la Calle
sábado, 28 de julio de 2007
Los roces entre el Presidente y la Corte Suprema por la aplicación del delito político a los paramilitares no constituyen propiamente un episodio saludable.
Tiene razón la Corte cuando afirma que las cosas son lo que son y que no se puede convertir el agua en vino, aunque el resultado práctico satisfaga una necesidad. Los delitos políticos, todos ellos, tienen como bien jurídico protegido el régimen constitucional y la sedición, aunque se define como el uso de las armas de manera transitoria, no escapa a ese carácter. El que se concierta con otros para cometer secuestros y crímenes de lesa humanidad no puede tener el tratamiento benévolo del delincuente político.
Parto de la base de que el deseo del Presidente de buscar caminos para la desmovilización de los paramilitares tiene una finalidad legítima. Escribo con respeto por el Jefe del Estado.
Pero no puedo callar que encuentro una grave incoherencia en sus palabras. Si considera que paramilitares y guerrilleros son iguales, porque ambos cometen crímenes imperdonables, la consecuencia no puede ser la de proponer para todos el mismo tratamiento benévolo. Sería más consecuente el Presidente si, por el contrario, propusiera eliminar el delito político para ambos. Creo que ese Presidente estaría más cerca de aquel que elegimos y reelegimos que este otro, el que sale a pregonar que aunque detesta la figura del delito político, ahora quiere ampliarla a quienes por esencia no la merecen. Dice el Presidente, refiriéndose al M-19, que no podemos repetir la historia de unos delincuentes que pasaron de las armas al Congreso. Pero, como antídoto, propone a renglón seguido que extendamos el delito político a los paramilitares. Además, no advierte el Jefe del Estado que la legalidad actual impide hoy que el secuestro y los crímenes de lesa humanidad que cometen las Farc tengan el carácter de delitos políticos en conexión con la rebelión. Tampoco tiene lógica que se alegue que el delito político es especie en vía de extinción y, al mismo tiempo, se amplíe y afiance en Colombia.
En ese importante foro que es el programa radial Hora 20, he escuchando varias voces diciendo que hay que perdonar a los paras y que lo demás son necedades de juristas. No es así. Estoy de acuerdo en que es necesario buscar esquemas de justicia transicional como el de la Ley de Justicia y Paz, la cual, pese a sus defectos, constituye un hito importante, pero sin convertir a las normas jurídicas universales en mamarrachos de plastilina que uno va modelando al ritmo de los acontecimientos.
Es preciso acompañar al Presidente en el deseo de abrir caminos a la paz. Pero lo recomendable es enfrentar la verdad, esto es, que ante el poder de los paras hay que llegar a soluciones que impliquen tratamientos alternativos, sin recurrir a torcerle el pescuezo a normas jurídicas que no son ejercicios retóricos maleables sino portadoras de valores respetables.
Y, por fin, que el Presidente diga que se va a hacer acompañar del pueblo para derrotar una sentencia, tiene visos ominosos que no podemos compartir.
Humberto de la Calle
sábado, 28 de julio de 2007
Los roces entre el Presidente y la Corte Suprema por la aplicación del delito político a los paramilitares no constituyen propiamente un episodio saludable.
Tiene razón la Corte cuando afirma que las cosas son lo que son y que no se puede convertir el agua en vino, aunque el resultado práctico satisfaga una necesidad. Los delitos políticos, todos ellos, tienen como bien jurídico protegido el régimen constitucional y la sedición, aunque se define como el uso de las armas de manera transitoria, no escapa a ese carácter. El que se concierta con otros para cometer secuestros y crímenes de lesa humanidad no puede tener el tratamiento benévolo del delincuente político.
Parto de la base de que el deseo del Presidente de buscar caminos para la desmovilización de los paramilitares tiene una finalidad legítima. Escribo con respeto por el Jefe del Estado.
Pero no puedo callar que encuentro una grave incoherencia en sus palabras. Si considera que paramilitares y guerrilleros son iguales, porque ambos cometen crímenes imperdonables, la consecuencia no puede ser la de proponer para todos el mismo tratamiento benévolo. Sería más consecuente el Presidente si, por el contrario, propusiera eliminar el delito político para ambos. Creo que ese Presidente estaría más cerca de aquel que elegimos y reelegimos que este otro, el que sale a pregonar que aunque detesta la figura del delito político, ahora quiere ampliarla a quienes por esencia no la merecen. Dice el Presidente, refiriéndose al M-19, que no podemos repetir la historia de unos delincuentes que pasaron de las armas al Congreso. Pero, como antídoto, propone a renglón seguido que extendamos el delito político a los paramilitares. Además, no advierte el Jefe del Estado que la legalidad actual impide hoy que el secuestro y los crímenes de lesa humanidad que cometen las Farc tengan el carácter de delitos políticos en conexión con la rebelión. Tampoco tiene lógica que se alegue que el delito político es especie en vía de extinción y, al mismo tiempo, se amplíe y afiance en Colombia.
En ese importante foro que es el programa radial Hora 20, he escuchando varias voces diciendo que hay que perdonar a los paras y que lo demás son necedades de juristas. No es así. Estoy de acuerdo en que es necesario buscar esquemas de justicia transicional como el de la Ley de Justicia y Paz, la cual, pese a sus defectos, constituye un hito importante, pero sin convertir a las normas jurídicas universales en mamarrachos de plastilina que uno va modelando al ritmo de los acontecimientos.
Es preciso acompañar al Presidente en el deseo de abrir caminos a la paz. Pero lo recomendable es enfrentar la verdad, esto es, que ante el poder de los paras hay que llegar a soluciones que impliquen tratamientos alternativos, sin recurrir a torcerle el pescuezo a normas jurídicas que no son ejercicios retóricos maleables sino portadoras de valores respetables.
Y, por fin, que el Presidente diga que se va a hacer acompañar del pueblo para derrotar una sentencia, tiene visos ominosos que no podemos compartir.
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