¿Fracasó la Ley de Justicia y Paz?
Por
León Valencia
La Asociación Nacional de Trabajadores Judiciales es tajante: la aplicación de la Ley de Justicia y Paz fracasó. Algunos funcionarios de la Fiscalía, que tienen a su cargo el proceso, son menos drásticos, pero señalan que está en peligro de colapsar. La sensación general es que no se está cumpliendo con las obligaciones consignadas en la Ley 975.
El hecho es muy grave. La desconfianza nacional y mundial sobre la justicia colombiana aumentará y los tribunales de justicia internacionales se sentirán autorizados para intervenir en nuestro país. El paramilitarismo tomará más alas y el conflicto se exacerbará en muchas regiones.
El presidente Uribe sabe que el desafío es descomunal y sabe también que no es un proceso ordinario y requiere medidas especiales y de emergencia, pero no se mueve a conjurar el peligro. La opinión pública tampoco se preocupa demasiado.
Las cifras han salido a la luz en estos días. Se trata de buscar a más de diez mil desaparecidos. De juzgar a 2.914 personas con responsabilidades de mando en las autodefensas (59 de las cuales están en la cárcel de Itagüí, y de las demás se sabe poco). De garantizar el acceso a la justicia, a la protección y a la reparación de 70.000 víctimas, que se han acercado a la Fiscalía. De expropiar todos los bienes adquiridos mediante la violencia en estos años.
Y solo se han exhumado 1.409 cadáveres en condiciones muy poco técnicas, se han escuchado 32 versiones libres de los imputados, se han registrado sin una diferenciación clara 23.000 víctimas, de las cuales ya han sido asesinadas 7, y los bienes expropiados o recibidos por el Fondo Nacional de Reparación dan risa.
La razón de estos pobrísimos resultados es sencilla: el aparato, los recursos y la capacitación para cumplir con el cometido de hacer justicia son irrisorios. Solo 355 funcionarios judiciales han sido asignados a la tarea, dentro de ellos 23 fiscales, que llevan sobre sus hombros el proceso y operan en tres tribunales regionales. La capacitación y la formación para desentrañar el entramado de los grupos de autodefensa son pocas y los expertos en medicina forense o en los complejos temas de derechos humanos y derecho humanitario no abundan.
El Gobierno incluyó en el Plan Nacional de Desarrollo un apartado sobre verdad, justicia y reparación con el fin de destinar mayores recursos, reformar la planta de personal de la Fiscalía y hacer ajustes dentro de la Procuraduría, y en el acto de evaluación de un año de la ley, Uribe hizo la promesa de multiplicar los funcionarios e incrementar los recursos. Pero ya el Gobierno se había demorado un año en hacer los decretos reglamentarios (torciéndoles el cuello a disposiciones de la Corte) y en echar a andar la aplicación de la ley, y los procedimientos que se anuncian ahora para cumplir los compromisos son igualmente lentos.
En algunas ONG de derechos humanos existe el convencimiento de que el Gobierno tiene la intención de que el proceso colapse y por ello ha dejado expósito al aparato judicial. Circulan rumores de que altos funcionarios le han dicho a líderes paramilitares que lo mejor es frenar la marcha de la justicia, saturar de audiencias y diligencias el proceso y demostrar la imposibilidad de sacar adelante los juicios.
Me niego a creer en esta estrategia perversa. Pero el Gobierno está en la obligación de demostrar que tiene interés en sacar este histórico juicio adelante y debe tomar medidas de emergencia para asignar funcionarios, incrementar la financiación y echar a andar planes de capacitación.
Se necesita también el concurso inmediato de organismos internacionales y de las ONG colombianas para apoyar con recursos y formación a los operadores de justicia y para intensificar la campaña de organización y protección de las víctimas.
lvalencia@nuevoarcoiris.org.co
Por
León Valencia
La Asociación Nacional de Trabajadores Judiciales es tajante: la aplicación de la Ley de Justicia y Paz fracasó. Algunos funcionarios de la Fiscalía, que tienen a su cargo el proceso, son menos drásticos, pero señalan que está en peligro de colapsar. La sensación general es que no se está cumpliendo con las obligaciones consignadas en la Ley 975.
El hecho es muy grave. La desconfianza nacional y mundial sobre la justicia colombiana aumentará y los tribunales de justicia internacionales se sentirán autorizados para intervenir en nuestro país. El paramilitarismo tomará más alas y el conflicto se exacerbará en muchas regiones.
El presidente Uribe sabe que el desafío es descomunal y sabe también que no es un proceso ordinario y requiere medidas especiales y de emergencia, pero no se mueve a conjurar el peligro. La opinión pública tampoco se preocupa demasiado.
Las cifras han salido a la luz en estos días. Se trata de buscar a más de diez mil desaparecidos. De juzgar a 2.914 personas con responsabilidades de mando en las autodefensas (59 de las cuales están en la cárcel de Itagüí, y de las demás se sabe poco). De garantizar el acceso a la justicia, a la protección y a la reparación de 70.000 víctimas, que se han acercado a la Fiscalía. De expropiar todos los bienes adquiridos mediante la violencia en estos años.
Y solo se han exhumado 1.409 cadáveres en condiciones muy poco técnicas, se han escuchado 32 versiones libres de los imputados, se han registrado sin una diferenciación clara 23.000 víctimas, de las cuales ya han sido asesinadas 7, y los bienes expropiados o recibidos por el Fondo Nacional de Reparación dan risa.
La razón de estos pobrísimos resultados es sencilla: el aparato, los recursos y la capacitación para cumplir con el cometido de hacer justicia son irrisorios. Solo 355 funcionarios judiciales han sido asignados a la tarea, dentro de ellos 23 fiscales, que llevan sobre sus hombros el proceso y operan en tres tribunales regionales. La capacitación y la formación para desentrañar el entramado de los grupos de autodefensa son pocas y los expertos en medicina forense o en los complejos temas de derechos humanos y derecho humanitario no abundan.
El Gobierno incluyó en el Plan Nacional de Desarrollo un apartado sobre verdad, justicia y reparación con el fin de destinar mayores recursos, reformar la planta de personal de la Fiscalía y hacer ajustes dentro de la Procuraduría, y en el acto de evaluación de un año de la ley, Uribe hizo la promesa de multiplicar los funcionarios e incrementar los recursos. Pero ya el Gobierno se había demorado un año en hacer los decretos reglamentarios (torciéndoles el cuello a disposiciones de la Corte) y en echar a andar la aplicación de la ley, y los procedimientos que se anuncian ahora para cumplir los compromisos son igualmente lentos.
En algunas ONG de derechos humanos existe el convencimiento de que el Gobierno tiene la intención de que el proceso colapse y por ello ha dejado expósito al aparato judicial. Circulan rumores de que altos funcionarios le han dicho a líderes paramilitares que lo mejor es frenar la marcha de la justicia, saturar de audiencias y diligencias el proceso y demostrar la imposibilidad de sacar adelante los juicios.
Me niego a creer en esta estrategia perversa. Pero el Gobierno está en la obligación de demostrar que tiene interés en sacar este histórico juicio adelante y debe tomar medidas de emergencia para asignar funcionarios, incrementar la financiación y echar a andar planes de capacitación.
Se necesita también el concurso inmediato de organismos internacionales y de las ONG colombianas para apoyar con recursos y formación a los operadores de justicia y para intensificar la campaña de organización y protección de las víctimas.
lvalencia@nuevoarcoiris.org.co
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