Por
León Valencia
No es exagerado decir que sacar adelante el proceso de verdad, justicia y reparación, es el más grande reto de la justicia colombiana en todos los tiempos. No estaba preparada para ello y no lo está haciendo bien. La pregunta es ¿Puede hacerlo bien?
Se trata de juzgar a cerca de 2.800 que ostentaron cargos de responsabilidad en las Autodefensas Unidas de Colombia, de atender a miles y miles de víctimas dándoles una información oportuna y veraz sobre sus derechos, garantizando su acceso a la justicia, protegiendo sus vidas y cumpliendo con la reparación, se trata de hacer un riguroso seguimiento a los bienes acumulados en la guerra. Pero se trata, sobre todo, de evitar que esta tragedia vuelva a repetirse.
Alcanzar estas metas, así sea con algunos defectos y controversias, así se presenten limitaciones y errores, significaría abrir las puertas a la paz y a la reconciliación de los colombianos y enviar un mensaje de gran valor a la comunidad internacional.
Fracasar sería aumentar las desconfianzas del mundo sobre nosotros y echar más leña a la hoguera del conflicto. Una derrota de este tamaño llevaría a una intervención muy grande de los organismos internacionales de justicia en nuestro país y a una exacerbación de los conflictos en muchas regiones de Colombia.
Pero las cosas no empezaron nada bien. De las 2.800 personas postuladas sólo se han atendido 32 en versiones libres. Una cifra irrisoria. El ritmo y la calidad de las audiencias son desesperantes. A ese paso nos demoraremos decenas de años en llevar a los estrados a todos los postulados. Tampoco había una exigente investigación previa que permitiera preguntar y contra-preguntar para ir al fondo de la verdad.
A la Fiscalía se han presentado ya cerca de 80.000 personas reclamando su condición de víctimas. Pero no conocen los procesos, ni saben de sus derechos. Aún no se ha podido construir a cabalidad el registro nacional de víctimas y hasta la fecha sólo se les ha aprobado la condición de víctimas a 23.000. De estas personas sólo un poco más de mil han podido asistir a las audiencias y siete de ellas han sido asesinadas.
De los bienes se sabe menos. La Acción Social, encargada de publicar el listado de los bienes que llegan al Fondo Nacional de Reparación, no ha podido hasta la fecha dar una información detallada. Todos los anuncios de entrega de bienes que han hecho los jefes de las autodefensas no parecen reales, muchas de estas propiedades estaban ya en proceso de extinción de dominio y por lo tanto no les pertenecían, de otras no se tiene claridad sobre su situación legal.
Las razones de esta situación son varias. Todo este proceso está en cabeza de apenas 23 fiscales ubicados en los tribunales de justicia y paz de Bogotá, Medellín y Barranquilla y la totalidad de los funcionarios del aparato de justicia destinada a estos fines sólo alcanza la suma de 355. No hay una capacitación suficiente y adecuada. No hay recursos destinados.
El gobierno nacional incluyó en su plan nacional de desarrollo un apartado dedicado a verdad, justicia y reparación con la promesa de reformar la planta de personal en la Fiscalía y aumentar los recursos destinados a estas acciones. Todavía no se ve nada de esto.
En conversaciones con algunos de los fiscales y con otros funcionarios de la justicia que tienen que ver con el tema, uno logra percibir una sensación enorme de soledad. Alguno de ellos se atreve a decir que el gobierno les entregó el problema y los dejó solos. Otro más atrevido alcanza a señalar que quizás hay la intención de que colapse todo el proceso y se vayan al suelo todos los juicios.
La preocupación de la sociedad colombiana debería ser muy grande, pero no hay conciencia nacional sobre la gravedad del problema. Ahora que se cumplen dos años de la ley de justicia y paz es necesario que desde muchos lados surja un clamor para que el gobierno nacional tome cartas en el asunto. Es necesario acompañar a los operadores de justicia en sus reclamos, es preciso ayudar desde la sociedad civil a suplir fallas del Estado contribuyendo a mejorar la información y el acompañamiento de las víctimas.
lvalencia@nuevoarcoiris.org.co
León Valencia
No es exagerado decir que sacar adelante el proceso de verdad, justicia y reparación, es el más grande reto de la justicia colombiana en todos los tiempos. No estaba preparada para ello y no lo está haciendo bien. La pregunta es ¿Puede hacerlo bien?
Se trata de juzgar a cerca de 2.800 que ostentaron cargos de responsabilidad en las Autodefensas Unidas de Colombia, de atender a miles y miles de víctimas dándoles una información oportuna y veraz sobre sus derechos, garantizando su acceso a la justicia, protegiendo sus vidas y cumpliendo con la reparación, se trata de hacer un riguroso seguimiento a los bienes acumulados en la guerra. Pero se trata, sobre todo, de evitar que esta tragedia vuelva a repetirse.
Alcanzar estas metas, así sea con algunos defectos y controversias, así se presenten limitaciones y errores, significaría abrir las puertas a la paz y a la reconciliación de los colombianos y enviar un mensaje de gran valor a la comunidad internacional.
Fracasar sería aumentar las desconfianzas del mundo sobre nosotros y echar más leña a la hoguera del conflicto. Una derrota de este tamaño llevaría a una intervención muy grande de los organismos internacionales de justicia en nuestro país y a una exacerbación de los conflictos en muchas regiones de Colombia.
Pero las cosas no empezaron nada bien. De las 2.800 personas postuladas sólo se han atendido 32 en versiones libres. Una cifra irrisoria. El ritmo y la calidad de las audiencias son desesperantes. A ese paso nos demoraremos decenas de años en llevar a los estrados a todos los postulados. Tampoco había una exigente investigación previa que permitiera preguntar y contra-preguntar para ir al fondo de la verdad.
A la Fiscalía se han presentado ya cerca de 80.000 personas reclamando su condición de víctimas. Pero no conocen los procesos, ni saben de sus derechos. Aún no se ha podido construir a cabalidad el registro nacional de víctimas y hasta la fecha sólo se les ha aprobado la condición de víctimas a 23.000. De estas personas sólo un poco más de mil han podido asistir a las audiencias y siete de ellas han sido asesinadas.
De los bienes se sabe menos. La Acción Social, encargada de publicar el listado de los bienes que llegan al Fondo Nacional de Reparación, no ha podido hasta la fecha dar una información detallada. Todos los anuncios de entrega de bienes que han hecho los jefes de las autodefensas no parecen reales, muchas de estas propiedades estaban ya en proceso de extinción de dominio y por lo tanto no les pertenecían, de otras no se tiene claridad sobre su situación legal.
Las razones de esta situación son varias. Todo este proceso está en cabeza de apenas 23 fiscales ubicados en los tribunales de justicia y paz de Bogotá, Medellín y Barranquilla y la totalidad de los funcionarios del aparato de justicia destinada a estos fines sólo alcanza la suma de 355. No hay una capacitación suficiente y adecuada. No hay recursos destinados.
El gobierno nacional incluyó en su plan nacional de desarrollo un apartado dedicado a verdad, justicia y reparación con la promesa de reformar la planta de personal en la Fiscalía y aumentar los recursos destinados a estas acciones. Todavía no se ve nada de esto.
En conversaciones con algunos de los fiscales y con otros funcionarios de la justicia que tienen que ver con el tema, uno logra percibir una sensación enorme de soledad. Alguno de ellos se atreve a decir que el gobierno les entregó el problema y los dejó solos. Otro más atrevido alcanza a señalar que quizás hay la intención de que colapse todo el proceso y se vayan al suelo todos los juicios.
La preocupación de la sociedad colombiana debería ser muy grande, pero no hay conciencia nacional sobre la gravedad del problema. Ahora que se cumplen dos años de la ley de justicia y paz es necesario que desde muchos lados surja un clamor para que el gobierno nacional tome cartas en el asunto. Es necesario acompañar a los operadores de justicia en sus reclamos, es preciso ayudar desde la sociedad civil a suplir fallas del Estado contribuyendo a mejorar la información y el acompañamiento de las víctimas.
lvalencia@nuevoarcoiris.org.co
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