Abdón Espinosa Valderrama.
Columnista de EL TIEMPO.
Nadie podía imaginar que Colombia se fuera a ver enredada en agria discusión con los legisladores demócratas de Estados Unidos.
Ni siquiera por los textos del TLC sino por la efectividad de los derechos humanos, en ambas naciones expresamente consagrados. Cuando si algo en común hemos tenido los liberales de allende y aquende ha sido su defensa ardorosa y la brega incesante por preservar su vigencia.
Ni para establecerlos, como se hizo desde el comienzo de nuestra vida republicana, ni para reclamar su aplicación y respeto en situaciones adversas fueron menester exigencias o imposiciones extrañas. De la esencia de nuestro Estado de Derecho han sido, hasta el punto de que sus infortunios se confunden, como también sus éxitos. La esclavitud se abolió aquí antes que en la superpotencia y la discriminación racial no alcanzó los rigores que allá prevalecieron.
Por supuesto, en las lecciones inmarchitables de grandes pensadores y gobernantes de Estados Unidos, tales Abraham Lincoln, Franklin D. Roosevelt o John F. Kennedy, hemos hallado fecunda inspiración y ejemplo. Aunque sufriéramos, en el amanecer del siglo XX, los zarpazos imperialistas de otro Roosevelt (Teodoro) o, más adelante, las mañas colonialistas de Lyndon Johnson, quien traicionara y adulterara el espíritu original de la Alianza para el Progreso.
Los legisladores demócratas hicieron aportes innegables al texto original del TLC en aspectos neurálgicos que los gobiernos de los dos países acogieron. Cuestiones ambientales, laborales, de inversiones, compras públicas, servicios y acceso a los medicamentos. Particularmente en esta materia, las asociaciones críticas, con la Iglesia Católica a la cabeza, no han vacilado en reconocer que las enmiendas son favorables a la causa de la población de menores ingresos.
Mucha importancia se ha concedido a que en el protocolo modificatorio se hubiera incorporado el derecho de las partes a tomar medidas para proteger la salud pública en concordancia con la Declaración de Doha. Asimismo, la estipulación de un régimen de patentes que no obstruya el abastecimiento de genéricos de bajo costo.
Gracias al acuerdo entre el gobierno del presidente Bush y la mayoría demócrata del Congreso cesaron los reparos de esta al contenido del TLC con Colombia. Pero saltó la liebre del disentimiento por lo que esa mayoría supone grave violación de los derechos humanos y asesinatos impunes de líderes sindicales.
Escollo de marca mayor y, sin embargo, de menos complicada solución porque tanto a la opinión colombiana como a sus autoridades superiores les importa y debe importarles prevenir con eficacia semejantes desafueros y sancionarlos sin contemplaciones en caso de que llegaran a repetirse.
Por esta actitud de la bancada demócrata, no vamos a cambiar de afinidades y a abrazar el neoconservatismo norteamericano o la línea Reagan-Thatcher. Sus senadores y representantes, así puedan no estar al tanto de nuestros acontecimientos, simbolizan una nueva mentalidad que reivindica al factor trabajo y lo retribuye con equidad. Una fresca y más social sensibilidad, ahora con mayor arraigo en el electorado estadounidense. Sin vanos prejuicios, conviene procurar cordial reacercamiento con tacto, firmeza y recíproco respeto, a fin de que rinda prontos frutos la tranquila labor aclaratoria, informativa y persuasiva. Desde luego, oponiéndose al terrorismo y la violencia dondequiera asomen las orejas.
Inadmisible como resulta la discriminación contra Colombia por el tema de los derechos humanos, es preciso despejar cualquier duda sobre la administración de justicia, no menos que sobre las garantías al sindicalismo, cuyos derechos incuestionables no podrían habilitar a sus dirigentes a propiciar las diversas formas de lucha, ni menos a simpatizar con cualquier organización criminal, so pretexto de fementidos ideales. Bien sabido es cómo el narcotráfico estimula y financia el conflicto armado que tantas víctimas inocentes causa.
Abdón Espinosa Valderrama
Ni siquiera por los textos del TLC sino por la efectividad de los derechos humanos, en ambas naciones expresamente consagrados. Cuando si algo en común hemos tenido los liberales de allende y aquende ha sido su defensa ardorosa y la brega incesante por preservar su vigencia.
Ni para establecerlos, como se hizo desde el comienzo de nuestra vida republicana, ni para reclamar su aplicación y respeto en situaciones adversas fueron menester exigencias o imposiciones extrañas. De la esencia de nuestro Estado de Derecho han sido, hasta el punto de que sus infortunios se confunden, como también sus éxitos. La esclavitud se abolió aquí antes que en la superpotencia y la discriminación racial no alcanzó los rigores que allá prevalecieron.
Por supuesto, en las lecciones inmarchitables de grandes pensadores y gobernantes de Estados Unidos, tales Abraham Lincoln, Franklin D. Roosevelt o John F. Kennedy, hemos hallado fecunda inspiración y ejemplo. Aunque sufriéramos, en el amanecer del siglo XX, los zarpazos imperialistas de otro Roosevelt (Teodoro) o, más adelante, las mañas colonialistas de Lyndon Johnson, quien traicionara y adulterara el espíritu original de la Alianza para el Progreso.
Los legisladores demócratas hicieron aportes innegables al texto original del TLC en aspectos neurálgicos que los gobiernos de los dos países acogieron. Cuestiones ambientales, laborales, de inversiones, compras públicas, servicios y acceso a los medicamentos. Particularmente en esta materia, las asociaciones críticas, con la Iglesia Católica a la cabeza, no han vacilado en reconocer que las enmiendas son favorables a la causa de la población de menores ingresos.
Mucha importancia se ha concedido a que en el protocolo modificatorio se hubiera incorporado el derecho de las partes a tomar medidas para proteger la salud pública en concordancia con la Declaración de Doha. Asimismo, la estipulación de un régimen de patentes que no obstruya el abastecimiento de genéricos de bajo costo.
Gracias al acuerdo entre el gobierno del presidente Bush y la mayoría demócrata del Congreso cesaron los reparos de esta al contenido del TLC con Colombia. Pero saltó la liebre del disentimiento por lo que esa mayoría supone grave violación de los derechos humanos y asesinatos impunes de líderes sindicales.
Escollo de marca mayor y, sin embargo, de menos complicada solución porque tanto a la opinión colombiana como a sus autoridades superiores les importa y debe importarles prevenir con eficacia semejantes desafueros y sancionarlos sin contemplaciones en caso de que llegaran a repetirse.
Por esta actitud de la bancada demócrata, no vamos a cambiar de afinidades y a abrazar el neoconservatismo norteamericano o la línea Reagan-Thatcher. Sus senadores y representantes, así puedan no estar al tanto de nuestros acontecimientos, simbolizan una nueva mentalidad que reivindica al factor trabajo y lo retribuye con equidad. Una fresca y más social sensibilidad, ahora con mayor arraigo en el electorado estadounidense. Sin vanos prejuicios, conviene procurar cordial reacercamiento con tacto, firmeza y recíproco respeto, a fin de que rinda prontos frutos la tranquila labor aclaratoria, informativa y persuasiva. Desde luego, oponiéndose al terrorismo y la violencia dondequiera asomen las orejas.
Inadmisible como resulta la discriminación contra Colombia por el tema de los derechos humanos, es preciso despejar cualquier duda sobre la administración de justicia, no menos que sobre las garantías al sindicalismo, cuyos derechos incuestionables no podrían habilitar a sus dirigentes a propiciar las diversas formas de lucha, ni menos a simpatizar con cualquier organización criminal, so pretexto de fementidos ideales. Bien sabido es cómo el narcotráfico estimula y financia el conflicto armado que tantas víctimas inocentes causa.
Abdón Espinosa Valderrama
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