La puerta se está cerrando
02 de Julio de 2007 - CRÍMENES ATROCES
Por
Eduardo Pizarro Leongómez
Hoy en día es más difícil alcanzar la paz que en el pasado.
Entre el 25 y el 27 de junio se llevó a cabo en la histórica ciudad de Nuremberg (Alemania) un imponente encuentro, denominado 'Construyendo un futuro con paz y justicia', con la participación de organismos internacionales como Naciones Unidas y la Corte Penal Internacional de La Haya, así como de representantes de gobiernos y ONG de todo el mundo. Más de 600 personas.
Probablemente, por su impacto sobre Colombia, el grupo de trabajo de mayor significación giró en torno a 'La aplicación de justicia en conflictos en curso'. Hasta la creación de la Corte Penal Internacional, el incentivo más fuerte para alcanzar la paz eran las leyes de amnistía e indulto. Todas las guerras civiles del siglo XIX en Colombia culminaron con leyes de este tipo a favor del adversario -ya fuese liberal o conservador-, declarado como "rebelde político". Así cerramos, igualmente, las guerras del siglo XX, mediante las amnistías de Gustavo Rojas Pinilla (1953), Alberto Lleras Camargo (1958), Virgilio Barco (1989) y César Gaviria, a principios de los 90.
Este incentivo ya no existe. La inauguración del evento en la histórica sala en la cual se llevó a cabo el juicio contra los jerarcas nazis mediante el Tribunal Penal Militar Internacional (1945-1946) no constituyó un hecho fortuito. Hoy existe un consenso internacional en el sentido de que los responsables de crímenes de guerra y de lesa humanidad no pueden ser sujetos de amnistía.
Sin duda, este nuevo marco jurídico internacional es de enorme significación para el futuro: los altos estándares de justicia que hoy rigen en la Corte Penal Internacional van, sin duda, a servir para disuadir a futuros dictadores o grupos armados de cometer crímenes contra la humanidad. Nadie puede dejar de aplaudir este avance indudable de la civilización.
Pero, para los países que llegaron al siglo XXI con conflictos armados en curso, alcanzar la paz se ha convertido en un desafío dramático. En el encuentro en Nuremberg hubo dos posiciones al respecto: quienes consideraron que la amenaza de la Corte Penal Internacional sirve para que los actores armados firmen acuerdos de paz, y quienes consideran que los altos estándares de justicia se han convertido en una barrera para terminar los conflictos. Al respecto, fue dramática la intervención del Ministro de Relaciones Exteriores de Afganistán, quien sostuvo que cualquier intento hoy de llevar a juicio a los 'señores de la guerra', que infestan su país, rompería el precario equilibrio alcanzado en Kabul y desataría la guerra civil. Es decir, el dilema entre justicia y paz que se discute en naciones tales como Uganda, Sri Lanka, Sudán, Palestina y, sin duda, Colombia.
Mi convicción personal es que hoy en día es más difícil alcanzar la paz que en el pasado. Pero es imposible e indeseable ir en contravía de los avances de la civilización jurídica mundial. Las cúpulas del Eln y de las Farc deberán responder ante la justicia nacional o, en su defecto, ante la justicia internacional, por los crímenes de guerra o de lesa humanidad perpetrados por una y otro organización. No tienen otra opción.
Se trata, sin duda, de un desafío sin antecedentes. No existe en ninguna época de la historia, ni en ningún país del mundo, un actor armado de oposición, no derrotado militarmente en el campo de batalla, que se haya acogido a un acuerdo de paz con aplicación de penas de prisión.
El infame crimen perpetrado por las Farc contra los diputados del Valle del Cauca pone en evidencia -una vez más- la necesidad de parar esta guerra demencial que sufre Colombia. Como todos sabemos, el gobierno Pastrana, al adherir al Tratado de Roma en agosto del 2002, suscribió una cláusula por siete años (no renovable) para limitar la intervención de la Corte Penal Internacional. La idea era darnos estos siete años para lograr la paz. Quedan escasos dos e insisto una vez más: la puerta se está cerrando.
02 de Julio de 2007 - CRÍMENES ATROCES
Por
Eduardo Pizarro Leongómez
Hoy en día es más difícil alcanzar la paz que en el pasado.
Entre el 25 y el 27 de junio se llevó a cabo en la histórica ciudad de Nuremberg (Alemania) un imponente encuentro, denominado 'Construyendo un futuro con paz y justicia', con la participación de organismos internacionales como Naciones Unidas y la Corte Penal Internacional de La Haya, así como de representantes de gobiernos y ONG de todo el mundo. Más de 600 personas.
Probablemente, por su impacto sobre Colombia, el grupo de trabajo de mayor significación giró en torno a 'La aplicación de justicia en conflictos en curso'. Hasta la creación de la Corte Penal Internacional, el incentivo más fuerte para alcanzar la paz eran las leyes de amnistía e indulto. Todas las guerras civiles del siglo XIX en Colombia culminaron con leyes de este tipo a favor del adversario -ya fuese liberal o conservador-, declarado como "rebelde político". Así cerramos, igualmente, las guerras del siglo XX, mediante las amnistías de Gustavo Rojas Pinilla (1953), Alberto Lleras Camargo (1958), Virgilio Barco (1989) y César Gaviria, a principios de los 90.
Este incentivo ya no existe. La inauguración del evento en la histórica sala en la cual se llevó a cabo el juicio contra los jerarcas nazis mediante el Tribunal Penal Militar Internacional (1945-1946) no constituyó un hecho fortuito. Hoy existe un consenso internacional en el sentido de que los responsables de crímenes de guerra y de lesa humanidad no pueden ser sujetos de amnistía.
Sin duda, este nuevo marco jurídico internacional es de enorme significación para el futuro: los altos estándares de justicia que hoy rigen en la Corte Penal Internacional van, sin duda, a servir para disuadir a futuros dictadores o grupos armados de cometer crímenes contra la humanidad. Nadie puede dejar de aplaudir este avance indudable de la civilización.
Pero, para los países que llegaron al siglo XXI con conflictos armados en curso, alcanzar la paz se ha convertido en un desafío dramático. En el encuentro en Nuremberg hubo dos posiciones al respecto: quienes consideraron que la amenaza de la Corte Penal Internacional sirve para que los actores armados firmen acuerdos de paz, y quienes consideran que los altos estándares de justicia se han convertido en una barrera para terminar los conflictos. Al respecto, fue dramática la intervención del Ministro de Relaciones Exteriores de Afganistán, quien sostuvo que cualquier intento hoy de llevar a juicio a los 'señores de la guerra', que infestan su país, rompería el precario equilibrio alcanzado en Kabul y desataría la guerra civil. Es decir, el dilema entre justicia y paz que se discute en naciones tales como Uganda, Sri Lanka, Sudán, Palestina y, sin duda, Colombia.
Mi convicción personal es que hoy en día es más difícil alcanzar la paz que en el pasado. Pero es imposible e indeseable ir en contravía de los avances de la civilización jurídica mundial. Las cúpulas del Eln y de las Farc deberán responder ante la justicia nacional o, en su defecto, ante la justicia internacional, por los crímenes de guerra o de lesa humanidad perpetrados por una y otro organización. No tienen otra opción.
Se trata, sin duda, de un desafío sin antecedentes. No existe en ninguna época de la historia, ni en ningún país del mundo, un actor armado de oposición, no derrotado militarmente en el campo de batalla, que se haya acogido a un acuerdo de paz con aplicación de penas de prisión.
El infame crimen perpetrado por las Farc contra los diputados del Valle del Cauca pone en evidencia -una vez más- la necesidad de parar esta guerra demencial que sufre Colombia. Como todos sabemos, el gobierno Pastrana, al adherir al Tratado de Roma en agosto del 2002, suscribió una cláusula por siete años (no renovable) para limitar la intervención de la Corte Penal Internacional. La idea era darnos estos siete años para lograr la paz. Quedan escasos dos e insisto una vez más: la puerta se está cerrando.
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