¿Y de las víctimas qué?
Por
Hernando Gómez Buendía
Si el Estado no logra evitar un daño injusto -y en Colombia lleva 43 años sin poder acabar el conflicto- está en la obligación de compensar a quienes lo han sufrido. Por eso lo menos que debe hacer un "proceso de paz" -aunque no haga la paz- es cumplirles a las víctimas.
Por eso los beneficios legales para las AUC, el indulto a los presos de las Farc y las ofertas para el Eln no se justifican si no ayudan a las víctimas. O sea que no se justifican, pues a juzgar por los reportes oficiales y lo que dice la prensa, es poco lo que se ha avanzado en atender a las víctimas, en aquello de la "verdad, justicia y reparación" que reclaman el sentido común y el DIH.
-Comenzando por lo más elemental. Desde Yolanda Izquierdo hasta Manuel López, van 7 líderes muertos por pretender que jefes paramilitares cumplan con las aguadas exigencias de la Ley. Y en la Fiscalía reposan otras 160 denuncias de otras 160 víctimas de otras 160 muertes anunciadas.
-Hay 2.812 "paras" desmovilizados con procesos penales en su contra, de los cuales 700 andan escondidos. Hasta ahora han declarado 40 ex paras ante la Fiscalía, de suerte que tardaríamos 36 años en oír sus supuestas "confesiones". Y cada confesión es apenas una base para investigar si lo dicho era cierto (por ejemplo, si Ramón Isaza es responsable de cada uno de los 567 asesinatos que admite). Peor todavía, a 4 años de iniciar el proceso, el gobierno se declara sorprendido por la carga de trabajo y el Fiscal se va de mendigo a Washington.
-El Incoder, encargado de adjudicar tierras a los desplazados, resulta ser un botín político del cual disfrutan los congresistas Jairo Merlano, Luis Vives, Miguel de la Espriella y Dieb Maloof, acusados de vínculos con el paramilitarismo. Y el Instituto gasta 9 pesos en burocracia por cada peso que valen las hectáreas entregadas (algunas de ellas, cómo no, a los paras).
-Cada uno de los 36 mil reinsertados recibe 340 mil pesos mensuales, además de algún apoyo para educarse y conseguir trabajo. Pero los dos millones de desplazados que reconoce el gobierno o los tres millones que reporta Naciones Unidas tienen que apañárselas con nada o con los mismos subsidios que recibe cualquier persona pobre -es decir que no reciben nada por el hecho de haber sido víctimas-.
-Mientras unos comandantes se declaran en quiebra y otros confiesan una pequeña parte de sus bienes, el gobierno pretende que gobiernos extranjeros pongan la plata para indemnizar a las víctimas. En efecto, el Plan de Desarrollo, que se aprobó con toda clase de micos, no prevé los recursos del caso y se limita a subsidios que el gobernante puede distribuir como favores - mas no como derechos-
-Una aparente excepción en estos días son los sindicalistas asesinados o desaparecidos. El Gobierno dice que han mejorado las cifras y, sobre todo, que está haciendo el esfuerzo: acaba de girar 500 millones para que jueces especiales evacuen los 64 procesos en curso. Pero lo hace descaradamente presionado por la AFL-CIO y sus amigos en el Congreso gringo: atiende a unas víctimas, pero no por ser víctimas.
-Y otra excepción aparente es el medio centenar de "canjeables" en poder de las Farc. El indulto de los guerrilleros presos y la excarcelación de Granda por cuenta de Sarkozy hicieron creer a muchos que el gobierno estaba decidido a lograr el intercambio. Es todo lo contrario: la liberación unilateral y de antemano rechazada por las Farc, no viene a ser sino un modo de quitarles argumentos a quienes en Colombia y en el exterior clamamos por el regreso de las víctimas de ese delito abominable.
Y mientras todo eso pasa, la flamante Comisión de Reparación y Reconciliación sigue privada de recursos y de dientes para algo más que recorrer el país haciendo foros, dar palmaditas de consuelo a los que sufren y ver a su director convertido en vocero oficioso del establecimiento -no de las víctimas del conflicto que causó el establecimiento y que el establecimiento no ha podido o no ha querido resolver.
Fuente: www.hernandogomezbuendìa.com
Por
Hernando Gómez Buendía
Si el Estado no logra evitar un daño injusto -y en Colombia lleva 43 años sin poder acabar el conflicto- está en la obligación de compensar a quienes lo han sufrido. Por eso lo menos que debe hacer un "proceso de paz" -aunque no haga la paz- es cumplirles a las víctimas.
Por eso los beneficios legales para las AUC, el indulto a los presos de las Farc y las ofertas para el Eln no se justifican si no ayudan a las víctimas. O sea que no se justifican, pues a juzgar por los reportes oficiales y lo que dice la prensa, es poco lo que se ha avanzado en atender a las víctimas, en aquello de la "verdad, justicia y reparación" que reclaman el sentido común y el DIH.
-Comenzando por lo más elemental. Desde Yolanda Izquierdo hasta Manuel López, van 7 líderes muertos por pretender que jefes paramilitares cumplan con las aguadas exigencias de la Ley. Y en la Fiscalía reposan otras 160 denuncias de otras 160 víctimas de otras 160 muertes anunciadas.
-Hay 2.812 "paras" desmovilizados con procesos penales en su contra, de los cuales 700 andan escondidos. Hasta ahora han declarado 40 ex paras ante la Fiscalía, de suerte que tardaríamos 36 años en oír sus supuestas "confesiones". Y cada confesión es apenas una base para investigar si lo dicho era cierto (por ejemplo, si Ramón Isaza es responsable de cada uno de los 567 asesinatos que admite). Peor todavía, a 4 años de iniciar el proceso, el gobierno se declara sorprendido por la carga de trabajo y el Fiscal se va de mendigo a Washington.
-El Incoder, encargado de adjudicar tierras a los desplazados, resulta ser un botín político del cual disfrutan los congresistas Jairo Merlano, Luis Vives, Miguel de la Espriella y Dieb Maloof, acusados de vínculos con el paramilitarismo. Y el Instituto gasta 9 pesos en burocracia por cada peso que valen las hectáreas entregadas (algunas de ellas, cómo no, a los paras).
-Cada uno de los 36 mil reinsertados recibe 340 mil pesos mensuales, además de algún apoyo para educarse y conseguir trabajo. Pero los dos millones de desplazados que reconoce el gobierno o los tres millones que reporta Naciones Unidas tienen que apañárselas con nada o con los mismos subsidios que recibe cualquier persona pobre -es decir que no reciben nada por el hecho de haber sido víctimas-.
-Mientras unos comandantes se declaran en quiebra y otros confiesan una pequeña parte de sus bienes, el gobierno pretende que gobiernos extranjeros pongan la plata para indemnizar a las víctimas. En efecto, el Plan de Desarrollo, que se aprobó con toda clase de micos, no prevé los recursos del caso y se limita a subsidios que el gobernante puede distribuir como favores - mas no como derechos-
-Una aparente excepción en estos días son los sindicalistas asesinados o desaparecidos. El Gobierno dice que han mejorado las cifras y, sobre todo, que está haciendo el esfuerzo: acaba de girar 500 millones para que jueces especiales evacuen los 64 procesos en curso. Pero lo hace descaradamente presionado por la AFL-CIO y sus amigos en el Congreso gringo: atiende a unas víctimas, pero no por ser víctimas.
-Y otra excepción aparente es el medio centenar de "canjeables" en poder de las Farc. El indulto de los guerrilleros presos y la excarcelación de Granda por cuenta de Sarkozy hicieron creer a muchos que el gobierno estaba decidido a lograr el intercambio. Es todo lo contrario: la liberación unilateral y de antemano rechazada por las Farc, no viene a ser sino un modo de quitarles argumentos a quienes en Colombia y en el exterior clamamos por el regreso de las víctimas de ese delito abominable.
Y mientras todo eso pasa, la flamante Comisión de Reparación y Reconciliación sigue privada de recursos y de dientes para algo más que recorrer el país haciendo foros, dar palmaditas de consuelo a los que sufren y ver a su director convertido en vocero oficioso del establecimiento -no de las víctimas del conflicto que causó el establecimiento y que el establecimiento no ha podido o no ha querido resolver.
Fuente: www.hernandogomezbuendìa.com
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