Rafael Rincón P.
La ofensiva contra la JEP no es un asunto técnico ni una discusión presupuestal.
Es un ataque directo del gobierno de las autodefensas contra el derecho de miles
de víctimas a conocer la verdad, a recibir justicia y a ser reparadas. Y lo más
preocupante es que este ataque ocurre también en el Congreso y en los despachos
del poder ejecutivo. Y, también se libra en los medios corporativos de
comunicación, donde se ha instalado una narrativa que distorsiona el mandato de
la justicia transicional, confunde a la ciudadanía y normaliza la erosión de
garantías fundamentales. Aquí solo voy a hablar de los ataques de la prensa.
Decir que la JEP “no ha hecho nada” por las víctimas no es solo jurídicamente
insostenible: es una falta de respeto hacia quienes han esperado décadas para
ser escuchados. Es desconocer que la JEP ha acreditado miles de víctimas que por
fin tienen un lugar donde su historia importa; que ha imputado a cientos de
máximos responsables que jamás habían enfrentado la justicia; que ha documentado
patrones de macrocriminalidad que la justicia ordinaria nunca tocó; y que ha
logrado niveles de reconocimiento de responsabilidad que superan los estándares
internacionales.
Negar todo esto no es una opinión: es una falsedad que hiere a
quienes han sobrevivido a la guerra. Pero esa falsedad se repite porque sirve.
Sirve para quienes quieren destruir la JEP sin asumir el costo político de
hacerlo abiertamente. Sirve para quienes necesitan que la ciudadanía crea que la
justicia transicional es un fracaso. Sirve para quienes temen que la verdad
alcance a actores que nunca han sido investigados. Sirve para quienes prefieren
la impunidad disfrazada de indignación moral. Sirve para quienes han vivido
cómodos en un país donde la verdad siempre ha sido un lujo.
La estrategia es
transparente: exigirle a la JEP funciones que no tiene, como la reparación
administrativa; ocultar sus avances; amplificar mentiras sobre supuestos
“privilegios” de sus magistrados; y presentar el recorte presupuestal como una
decisión técnica, cuando en realidad es una forma de desmantelamiento
institucional. La asfixia financiera no es un trámite contable: es una violación
indirecta del derecho de las víctimas a la justicia. Y los medios que la
normalizan, que la trivializan, que la reducen a un titular más, contribuyen a
esa violación.
La justicia transicional no es un capricho político. Es una
obligación jurídica del Estado colombiano derivada del Acuerdo Final de Paz, de
la Constitución y de compromisos internacionales. La Corte Penal Internacional
cerró su examen preliminar sobre Colombia precisamente por los avances de la
JEP. Si la jurisdicción se debilita, ese examen puede reabrirse. Esto no es una
especulación: es una advertencia formal de la CPI. Que los medios no lo
expliquen, que lo minimicen, que lo oculten, es una irresponsabilidad que afecta
directamente la estabilidad jurídica del país.
La verdad es que la JEP está
siendo atacada porque está cumpliendo su mandato. Porque está revelando alianzas
entre paramilitares y funcionarios. Porque está imputando a quienes nunca habían
sido tocados por la justicia ordinaria. Porque está reconstruyendo patrones de
macrocriminalidad que desmontan narrativas oficiales. Porque está dignificando a
víctimas que durante décadas fueron silenciadas. Porque está demostrando que la
impunidad no es un destino inevitable. Y eso incomoda.
Los derechos humanos de
las víctimas no se defienden con discursos vacíos ni con titulares
complacientes. Se defienden con instituciones fuertes, con garantías judiciales,
con independencia, con recursos suficientes y con una ciudadanía informada.
Cuando los medios fallan en su deber de informar con rigor, cuando repiten sin
cuestionar narrativas que buscan destruir la JEP, cuando convierten la
desinformación en contenido, se vuelven actores activos de la regresión de
derechos.
Finalmente, los medios no son terceros, son primeros y también deben responder por
su deber de informar de manera veraz. La JEP no es perfecta. Debe mejorar,
acelerar y corregir. Pero destruirla, o permitir que la destruyan, sería una
violación masiva del derecho a la verdad, una agresión contra las víctimas y un
retroceso histórico que Colombia no puede permitirse.
La justicia transicional
es un pilar de la paz y un límite jurídico contra la impunidad. Quienes la
atacan desde los micrófonos y desde los presupuestos no están defendiendo la
justicia: están defendiendo el silencio. Hoy la pregunta no es si la JEP tiene
fallas.
La pregunta es si vamos a permitir que la verdad sea sacrificada en
nombre de la conveniencia política. Y esa respuesta no puede quedar en manos de
quienes han decidido convertir la desinformación en estrategia y la impunidad en
proyecto.
